Una presentación ante la Contraloría General de la República,
por presuntas irregularidades en la asignación de millonarios recursos
por parte del Gobierno Regional, hicieron el diputado Christian
Matheson y los consejeros regionales Alejandro Riquelme, Rodolfo Moncada
y Roxana Gallardo.
El
informe cuestiona la asignación en forma directa de casi mil 700
millones de pesos, previa votación del Consejo Regional,
correspondientes al Fondo de Innovación en Competitividad Regional
(FIC-R), al Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes (Cebima),
entidad que, a juicio de los denunciantes, ni siquiera poseería los
requisitos legales para ser elegible como receptora de tales recursos.
Consultado
el administrador regional, Christian García, manifestó que esperan la
respuesta del ente contralor e indicó que los denunciantes se encuentran
dentro del ejercicio de sus facultades de fiscalización, “lo que no
significa que necesariamente existan irregularidades”.
ANTECEDENTES
La denuncia precisa la existencia de una serie de factores a tener en consideración.
Según
el escrito, el Fondo de Innovación en Competitividad Regional (FIC-R)
es parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y tiene por
objeto el desarrollo económico de las regiones, mediante la ejecución de
proyectos de investigación que generen conocimiento aplicable a los
sectores productivos.
El presupuesto asignado al Gobierno Regional de Magallanes de 2022, asciende a mil 284 millones 92 mil pesos, este año.
Respecto
del Cebima, indica el escrito que su origen se remonta a un convenio de
colaboración firmado el 22 de diciembre de 2014 entre la Universidad
Católica y la Universidad de Magallanes, enfocado en la creación,
organización y ejecución del referido centro.
Agrega que el Cebima está integrado al CADI UMAG creado en 2015.
Finalmente,
indican que el 23 de septiembre de 2019, “la UMAG y la UC
complementaron el convenio anterior renovando su compromiso de seguir
avanzando en el Cebima”.
A
juicio de los denunciantes, más allá de esta declaración, no se conocen
otros antecedentes que den cuenta de su constitución como una entidad
con personalidad jurídica y, por lo tanto, ser considerada como “una
institución elegible para recibir recursos del FIC-R”.
LA VOTACIÓN
Bajo
este marco, indica el escrito presentado al órgano contralor, el 1 de
agosto de este año, el Consejo Regional aprobó por mayoría de votos la
moción 116 referida al financiamiento de una iniciativa FIC-R conocida
como “Uso de recursos naturales de la Patagonia como agentes
terapéuticos para enfermedades humanas, investigación que se llevará a
cabo en el Cebima”.
El monto de la iniciativa fue de mil 683 millones 572 mil pesos, con cargo al presupuesto regional a contar del proceso presupuestario 2022, indicó la moción.
Dado
que el monto del proyecto supera en más de 400 millones de pesos la
totalidad del presupuesto regional del fondo para el presente año, el
consejero Alejandro Riquelme indica que lo más probable es que la
diferencia se pagará a lo largo de futuros ejercicios presupuestarios en los próximos años.
“Pero
más que el monto, es la forma en que se asignan estos recursos lo
cuestionable, porque se deja afuera a otras instituciones que podrían
haber competido en lugar de esta millonaria asignación en forma directa a
una institución que legalmente no existe”, indicó el consejero regional
Alejandro Riquelme, quien durante la votación rechazó el proyecto y
criticó que se comprometa los recursos de un año y medio en un solo
proyecto.
La moción fue aprobada por mayoría de votos y la inhabilidad de la consejera Ximena Montaña.
El escrito ahonda en este punto, al criticar la asignación directa de recursos por parte del Gobierno Regional al Cebima.
Agrega
que el oficio que el gobernador Jorge Flies remitió para la aprobación
de estos fondos no incluyó la llamada Ficha IDI, un reporte del Banco
Integrado de Proyecto, que resume los antecedentes de la iniciativa de
inversión a la que se postula. “La omisión de adjuntar la ficha IDI en
el oficio aludido constituye una actuación irregular por parte del
gobernador regional, en especial atención a la relevancia que tiene este
antecedente para efectos del análisis del proyecto”.
Agrega
el escrito que, de acuerdo a la Ley orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional, “corresponderá al gobernador
regional, someter al Consejo Regional el proyecto de presupuesto del
respectivo Gobierno Regional” y agregan que el gobernador deberá
proponer al Consejo Regional, “la distribución de los recursos del o los
programas de inversión del Gobierno Regional”.
A
juicio de los denunciantes, al tenor de estas y otras disposiciones y
competencias del Gobierno Regional, se colige que la asignación de los
recursos del FIC-R se puede realizar a través de concursos y/o
transferencias directas, “siempre que dicha distribución sea sancionada
por el Gobierno Regional”, es decir que “dicha distribución debe ser
aprobada por el Consejo Regional, previa propuesta del Gobierno
Regional”. En otras palabras, cuánto corresponde a concurso público y
cuánto a asignación directa, como fue el caso de este proyecto. “Para el
período presupuestario 2022 e iniciativas de arrastre 2021, el
gobernador regional no sometió a sanción (votación), la distribución de
los recursos FIC-R al Consejo Regional, cuestión que es evidentemente
irregular”. De este modo, se habría incumplido, además, una resolución
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), que exigía
realizarla antes del 30 de junio, indican los denunciantes.
CONCURSO
En
este sentido, la asignación directa del proyecto, tras ser votado ante
el pleno del CORE el 1 de agosto, estaría fuera de la normativa. Según
el escrito, un dictamen de la Contraloría General de la República de
2018, establece que existe obligatoriedad de concurso para los fondos
FIC-R transferibles a universidades como instituciones elegibles.
GASTO EXCESIVO
Otro
aspecto cuestionado es que los gastos administrativos del proyecto
exceden el límite máximo del 5%, establecido en la Ley de Presupuesto de
este año (glosa 5.2 de la partida presupuestaria 05, común para todos
los programas de los Gobiernos Regionales), la que establece: “… Hasta
un 5% de los recursos transferidos se podrá destinar a gastos
administrativos de la institución receptora”.
En
este caso, recordaron los denunciantes, el director del Cebima, Nibaldo
Inestrosa, hizo una presentación ante la Comisión de Ciencias, Energía y
Nuevas Tecnologías del Consejo Regional, el mismo 1 de agosto. En ella,
habría informado que la Universidad de Magallanes cobraría al Cebima un
denominado “Overhead” del 10%, que correspondería a costos
administrativos asociados al uso de las dependencias del Centro
Asistencial Docente (CADI UMAG).
Este
aspecto es particularmente cuestionado ante la Contraloría: “Como
establecimos en este escrito, el CADI UMAG está bajo administración de
la misma universidad y en sus dependencias se radica el proyecto
físicamente”.
Los
denunciantes agregan que al revisar en detalle la descripción
presentada por Inestrosa ante la comisión del CORE, se calcula que los
gastos administrativos llegarían, a juicio de los denunciantes, a un 20%
del total de recursos asignados, “superando con creces el límite del 5%
a que se refiere la Ley de Presupuestos”.
¿Y EL CEBIMA?
La existencia legal del Cebima es un aspecto especialmente cuestionado en el documento presentado ante la Contraloría.
Según
los denunciantes, el 23 de diciembre de 2019, la Universidad de
Magallanes y la Universidad Católica firmaron un convenio complementario
de colaboración, que apuntaba exclusivamente a la creación de un centro
de investigación conjunta denominado “Centro de Excelencia en
Biomedicina de Magallanes (Cebima)”.
El
convenio obligaba a ambas universidades a avanzar en la creación de
dicho centro de excelencia. Sin embargo, los denunciantes afirman que
“tal creación a la fecha no ha ocurrido, ni existe este centro como
persona jurídica de derecho y todavía menos, una autorización para que
dicha entidad sea receptora de fondos públicos”.
Agregaron
que tanto esta declaración como otras en el mismo sentido, dan cuenta
que la constitución legal de este centro aún estaría en proceso.
En
contraste, recordaron que la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno
y Administración Regional, dispone que “los recursos contemplados en el
Fondo de Innovación para la Competitividad a nivel regional, deberán
ser invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos
nacionales o regionales o con universidades, con la finalidad de
ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación,
conocimiento, emprendimiento, ciencia y tecnología”.
Agregan
que el programa 02 (glosa común de los Gobiernos Regionales) ha
determinado las entidades susceptibles de ser beneficiadas por el FIC-R.
A saber: “Transferencias a las instituciones elegibles para
financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad,
entendiendo como tales a la Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo, a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo),
incluyendo a su Comité Innova Chile, los comités de Desarrollo
Productivo Regionales, los centros de Excelencia Internacional, los
centros tecnológicos de I+D, los centros regionales de Desarrollo
Científico y Tecnológico, creados en el marco de las convocatorias
realizadas por el Programa Regional de la Agencia, a los centros de
Investigación en áreas prioritarias del programa Fondap, a los Centros
Científicos y Tecnológicos de Excelencia del programa PIA y a los
Centros de Investigación Avanzada en Educación del programa PIA”.
Los
denunciantes afirman que si bien, al tenor de estas disposiciones, los
centros de excelencia son claramente “instituciones elegibles”, el
Cebima no calificaría en esta categoría, afirman.
Más
adelante, el texto enumera una serie de documentos del Gobierno
Regional en los cuales se señala al Cebima como un centro de excelencia,
pero los denunciantes opinan otra cosa. “El Gobierno Regional ha
intentado dar una apariencia de validez a un acto absolutamente
irregular, cual es el traspaso de recursos a un centro de excelencia
(Cebima), que no existe como persona jurídica”.
Es
por todos estos motivos, que los denunciantes pidieron a la Contraloría
General de la República que se pronuncie sobre estos hechos y solicite
al Gobierno Regional todos los antecedentes del caso.
GOBIERNO REGIONAL
Consultamos
al administrador regional, Christian García, por esta denuncia y
respondió que el Gobierno Regional está a la espera de la respuesta de
la Contraloría.
“Esperar
lo que resuelva Contraloría y si sigue, una investigación. Cualquiera
puede pedir, con fundamentos, una revisión a Contraloría, así que es
parte de la institucionalidad”.
“No
obstante, el diputado tiene un rol fiscalizador y los consejeros
regionales también, por lo que estarían ejerciendo este rol al
encomendar a la Contraloría una revisión. Eso no quiere decir que
existan necesariamente irregularidades”, concluyó.
CEBIMA
En tanto, el director del Cebima, doctor
Nibaldo Inestrosa, declaró ayer que “es Universidad de Magallanes, el
Cebima que está en un edificio del CADI no es algo independiente,
es Universidad de Magallanes y así está en los papers que tenemos
publicados desde 2014: “Cebima, Universidad de Magallanes, Punta
Arenas”. Este es además un edificio concesionado a la Universidad de
Magallanes por 100 años, así que por favor es importante que se entienda
que es la Universidad de Magallanes”.
-¿Pero el Cebima tiene personalidad jurídica?
-No
hay personalidad jurídica, porque está la Universidad de Magallanes de
respaldo, o sea es como si la Universidad de Magallanes quisiera crear
una estación de biología marina frente al estrecho, se dan recursos para
la estación de biología marina y se cuestionara que la estación no
tiene personalidad jurídica, no tendría sentido porque es la Universidad
de Magallanes quien está postulando”.