Cuatro organizaciones sindicales de funcionarios públicos denunciaron ante la Contraloría General de la República la existencia de bonos impagos en favor de funcionarios públicos de las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales.
Se trata, específicamente, de los asistentes de la educación de ambas comunas, los cuales serían beneficiarios de la Ley 20.883 del año pasado que otorgó un reajuste y una serie de otros beneficios económicos, incluidos un bono y el cálculo de los aguinaldos respectivos.
Entre estos beneficios, el referido cuerpo legal estableció el pago de un bono de $ 120 mil, en dos cuotas, pagaderas en marzo y septiembre, “proporcionales al tiempo trabajado en los seis meses inmediatamente trabajados en los meses anteriores al pago”.
Uno de los requisitos que estableció la ley es que los funcionarios públicos no tengan un sueldo bruto superior a $716 mil 580, en el mes inmediatamente anterior al pago.
Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes que obran en poder de la Mesa del Sector Público, entidad que agrupa a estas organizaciones, dicho pago no se habría materializado.
Beneficiarios
Cabe hacer presente que esta ley estuvo dirigida a ciertas agrupaciones del sector público regidas por diferentes cuerpos normativos.
En el caso de los asistentes de la educación, la referida ley establece que recibirán estos beneficios, “los funcionarios que sean beneficiarios de las bonificaciones referidas en el artículo 30 de la Ley 20.313 (personal asistente de la educación que se desempeñe en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas y en los establecimientos regidos por la Ley 3.166 (1980) y que laboren en determinadas regiones, incluida Magallanes”.
Sin respuesta
“Ahora bien, nos encontramos en la situación que estas bonificaciones no les han sido pagadas a los asistentes de la educación dependientes de la Corporación Municipal de Punta Arenas y la Corporación Municipal de Puerto Natales, encontrándose estipuladas en la ley e inclusive instruida su forma de cancelación, a través de un dictamen de la Contraloría”, reza la denuncia presentada al organismo fiscalizador del Estado por la Mesa de Asuntos Públicos, en razón del artículo 15 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1980.