En la sesión extraordinaria N°2 del Concejo Municipal se dio a conocer el dictamen del sumario administrativo instruido por la Contraloría Regional en el tema de los proyectos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local), el que resolvió dar por establecida la responsabilidad administrativa del inculpado, el ex alcalde Emilio Boccazzi.
Existe una serie de irregularidades que entregó el sumario, entre las que se destaca que no correspondía mediante los recursos FRIL contratar, permanentemente, a los mismos grupos de personas, recalcando la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a todo tipo de personas en condición de cesantía.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que “llegó un dictamen muy concreto, respecto de un sumario que se formuló en la municipalidad el año 2015, que terminó con una sanción directa al ex alcalde Emilio Boccazzi y sobre ese tema fue la exposición de nuestra directora jurídica. Le solicité un informe jurídico muy breve para los concejales, finalmente para que sepan qué es lo que corresponde como municipalidad hacer en este momento”.
Agregó que “está como posibilidad y opción del Concejo que se opte por denunciarlo por probidad ante el tribunal electoral regional y que se le acuse por notable abandono de deberes. Ustedes saben que las autoridades tienen 6 meses desde que dejan los cargos para poder ser acusados, es una de las opciones y es un tema que también tiene que decidir el Concejo Municipal”.
La máxima autoridad comunal añadió que “acá están las energías para adelante y si hay irregularidades o ilegalidades, tenemos la obligación de darlas a conocer en el lugar concreto, que en este caso son los tribunales. Fuimos notificados hace pocos días y hay que ser muy responsables finalmente y por eso que se solicitó este informe en derecho para que todos los concejales estuvieran la misma información jurídica. Quiero reiterar que esto es una acción de carácter jurídico y no político”.
El concejal José Aguilante comentó que “sin duda reviste una gran importancia, porque viene a reflejar lo que desde hace tiempo hemos venido señalando, que no se puede beneficiar exclusivamente a un grupo determinado de personas, que pueden tener el legítimo derecho de ganarse la vida a través de estos programas, pero aquí lo que la Contraloría dictamina es que efectivamente se incumplió con lo que la ley establece durante el periodo anterior, del ex alcalde Emilio Boccazzi. De hecho, lo nombra en reiteradas oportunidades, en el sentido de que no se garantizó el derecho de acceso universal de todas las personas que estaban en igualdad de condiciones como cesantes y se privilegió permanentemente, durante muchos años, a grupos de personas que desarrollaban tareas que pueden ser importantes para la ciudad, pero que desde la perspectiva legal no se condice con lo que el municipio tendría que haber hecho”.
Además, afirmó que “esto interpela a que las actuales autoridades tengamos que acatar la ley y que los FRIL cumplan los fines para los cuales fueron creados. Yo creo que eso es lo que establece la Contraloría. Además, me parece importante que el municipio pueda prospectar también la posibilidad de ver acciones judiciales, civiles, que podrían significar que las personas que estuvieron a cargo de estos programas, tendrían que concurrir a los tribunales, para que más allá de un sumario administrativo interno y más allá de los requerimientos de la Contraloría, se pueda evaluar la posibilidad de que se pueda conocer desde la perspectiva judicial, la responsabilidad que existe en el ex alcalde y a quienes fueron partícipes de esas decisiones.
Por último, enfatizó que “es penoso lo que está pasando, pero era lo que nosotros esperábamos, lamentablemente. Algunos concejales durante el periodo anterior hicimos grandes esfuerzos para que esto se pudiera clarificar, incluso hay presentaciones que realizamos a los organismos competentes, como la misma Contraloría. Hicimos presentaciones al Ministerio Público, a la Fiscalía, que hasta hoy no han tenido el resultado esperado”.