Las
empresas aéreas están sujetas a un Plan de Autorregulación Tarifaria,
tras la fusiones en las que ha participado con otras aerolíneas. Por lo
anterior, es que la parlamentaria por Magallanes Javiera Morales ofició a
la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) para pedir que informe si Latam
cumple o no la normativa tarifaria, tras el alza injustificada de los
pasajes aéreos durante en 2022.
La diputada dijo que “seguimos avanzando para encontrar una solución al alza de los vuelos entre
Santiago y Punta Arenas. Es por eso, que hemos oficiado a la JAC para
que nos informe si Latam está cumpliendo con la regulación tarifaria. No
es posible que se les cobre lo que quieran a los y las magallánicas”.
En
específico, el oficio al organismo solicita que la JAC informe si Latam
ha respetado el Plan de Autorregulación Tarifaria adscrito en
diferentes fusiones que ha tenido la empresa con otras
aerolíneas. Según registro de las y los usuarios, en septiembre de
2022, un boleto superó el millón de pesos y las últimas cotizaciones
para el mes de diciembre sobrepasaron los $200 mil.
Además
del oficio enviado a la JAC, la diputada espera reunirse con la entidad
para revisar la normativa. “No es posible que se les cobre lo que
quieran a los y las magallánicas. Esperamos una pronta respuesta y que
nos puedan recibir para poder conversar con ellos de qué manera
enfrentar el alza indiscriminada de los pasajes aéreos”, agregó.
Recordemos
que la parlamentaria Javiera Morales junto a ocho consejeros regionales
presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica para que
investigue si existe un presunto abuso de posición dominante por parte
de Latam en el mercado de las aerolíneas. La diputada se reunió con el
Fiscal Nacional Económico quien fue el que sugirió acudir a la JAC para
evaluar su rol en este tramo aéreo.
Actualmente,
la denuncia fue acogida por la entidad y hoy se encuentra en análisis
de admisibilidad para establecer si la solicitud tiene los argumentos
suficientes para dar inicio o no a una indagatoria sobre el tema. Si se
aprueba, la indagatoria podría demorar hasta dos años, por lo que se ha
acudido, en paralelo, a otros organismos para avanzar en la solución al
alza de precios.