Estas
iniciativas buscan que la Contraloría General de la República pueda
fiscalizar a corporaciones y asociaciones municipales, y del mismo modo
que estas organizaciones se rijan por la Ley de Bases de Procedimiento
Administrativo, Compras Públicas y Estatuto Administrativo. Estas
modificaciones a la actual legislación, a juicio de los parlamentarios,
significará un avance en materia de probidad en el Estado.
Uno
de los autores de estas iniciativas es el diputado Christian
Matheson.“Estos tres proyectos que se están presentando lo que pretenden
es transparentar el gasto de algunos organismos públicos, en el fondo
elevar los niveles de transparencia porque es una caja negra
y nadie sabe en qué se ocupan los recursos, por otra parte, porque se
han transformado en un banco de empleos de los distintos gobiernos
comunales”.
Además,
el parlamentario magallánico explicó que “queremos terminar con esta
situación que tiene a las corporaciones municipales prácticamente en la
quiebra, todos se quejan de los déficits, pero nadie le pone el cascabel
al gato, así que estos proyectos pretenden finalizar con estos gastos
inoficiosos con fondos públicos”, explicó Matheson.
También
anunció que presentará, próximamente, un nuevo proyecto de ley, pero
ahora orientado a mayor probidad en empresas del Estado.
Finalmente,
Matheson dijo que “empresas públicas que hoy sólo están obligadas a
transparentar los ingresos de sus altos directivos y de los ejecutivos,
pero no así de la planta compuesta por empleados. Queremos que también
la comunidad pueda enterarse en qué se gastan estos recursos y quiénes
están contratados, para de esta forma, evitar contrataciones fantasmas
de trabajadores que no terminan desempeñando el cargo para lo que fueron
contratados”.