Un
equipo de expertos del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo
(Cedle), que dirige actualmente José Weinstein, realizó un estudio a
nivel nacional que entrega información relevante sobre la Ley de
Inclusión Escolar, abordando las barreras de selección, el conocimiento
de los directores sobre la ley, el término del copago, el lucro, la
diversidad, y otros, como la expulsión de estudiantes.
Respecto
de Magallanes, el estudio señala que 30 directores de establecimientos
educacionales participaron, siendo ocho de estos hombres (26,7%) y 22
mujeres (73,3%). La mayoría de los encuestados pertenecen a
establecimientos educacionales municipalizados (83,3%), en comparación
con aquellos de establecimientos particulares subvencionados (16,7%).
Percepciones
Sobre
la Ley de Inclusión, el 90% manifiesta estar muy de acuerdo con
terminar con el lucro en la educación; el 80% quiere terminar con el
copago o financiamiento compartido y el 86,7% apoya terminar con la
selección escolar.
El
estudio revela que las escuelas municipales no realizaban cobro del
copago (88,9%); mientras que solo el 33,3% de las escuelas particulares
subvencionadas manifiestó haber realizado dicho cobro.
Debilidades
La
mayoría de las escuelas (83,3%) no posee proyecto educativo con
admisión especial, y tampoco implementa un proyecto para el ingreso por
dicha vía (83%).
Acerca
de los desafíos reportados, en relación con las circunstancias que
aparecen como obstáculos para concretar y hacer la transición plena a la
Ley de Inclusión Escolar, los directivos manifestaron que solo
reformularon los proyectos que ya poseían en torno a la inclusión
educativa (43,3%), aunque un 33,3% debió agregar nuevas acciones y un
6,7% tuvo que reformular todas las acciones; siendo el mayor obstáculo
la falta de tiempo para planificar (73,3%). A esto le siguen la falta de
preparación de profesores (50%) y carencia de materiales (36,6%).
Por
ello, los directivos afirman que para liderar sus escuelas e
implementar la ley, es necesario invertir en asesorías vía la Asistencia
Técnica del Registro (73,3%); financiar talleres para estudiantes de
bajo rendimiento junto con mejoras en infraestructura (70%) e incorporar
profesionales en el área de convivencia (53,3%) y el equipo del
Programa de Integración Escolar (33,3%).
Convivencia
Respecto
de su relación con los estudiantes, el 80% de los directores está de
acuerdo en no expulsar arbitrariamente a los estudiantes. En este
contexto, la decisión debería ser tomada por el Consejo de Profesores
(82,3%), el equipo directivo (56,7%) o el Consejo Escolar (26,7%).
Conclusión
El
documento, en lo que se refiere a la Región de Magallanes, concluye que
el 63,3% de los directivos considera que “la Ley de Inclusión es un
avance positivo para el país, permitiendo garantizar la equidad y el
respeto a la diversidad de los sujetos que garantiza la no
discriminación de las familias”. En su contraparte, un 16,6% considera
que “la Ley de Inclusión no permite el desarrollo de proyectos
educativos diversos”; y un 6,6% cree que “perjudica a los estudiantes
más talentosos y esforzados”.
David Fernández