A las
10:00 horas de ayer, María Uribe y Francisca Rojas llegaron a la
Contraloría Regional de Magallanes, en Punta Arenas, para presentar una
solicitud de investigación por el plan de manejo del Parque Nacional
Bernardo O’Higgins, el Parque Kawésqar y la reserva del mismo nombre. El
punto en el que coincidieron las industrias de la salmonicultura y los
representantes de los pueblos originarios es en la explotación del
territorio. Pero de eso se iba a saber más tarde.
María
Uribe, de la Comunidad Kawésqar K’skial de Puerto Natales, aseguró que
“hemos encontrado que hay muchas irregularidades con el plan de manejo”.
Esas irregularidades la vio, dijo, en “que hay muchas cosas escondidas y
que no hay claridad respecto a la información que se nos está pasando”.
Francisca
Rojas, gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de
Magallanes, amplió el reclamo: “Hubo un financiamiento indirecto por
parte de la ONG Pew, quien se declara abiertamente en contra de la
salmonicultura y de otras actividades, y ellos habrían financiado
indirectamente la elaboración del plan de manejo”.
Ese
plan de manejo pone fecha límite para la explotación de la zona (la
primera concesión termina en 2036 sin posibilidad de renovación),
excepto “para cultivo de especies nativas y a pequeña escala. Eso no
permitiría la salmonicultura, ya que las especies nativas serían solo
las relacionadas con mitíligos, que son los choritos, y además a pequeña
escala. Así que tampoco permitiría un desarrollo de la actividad”,
planteó Rojas.
Mientras
eso ocurría en las oficinas de calle Piloto Pardo, en la Delegación
Presidencial se vivía otro tenso episodio de este complejo proceso.
Ley de Lobby
A
la Delegación Presidencial Regional de Magallanes había llegado una
solicitud de audiencia con el delegado José Ruiz. En principio, eran
cuatro los asistentes; para sorpresa de todos, llegaron más o menos 40
personas, entre representantes de los pueblos originarios (solo María
Uribe, de acuerdo al registro de asistencia), al menos dos asociaciones
de pescadores y una de transportistas. Los demás (los pocos que se
enlistaron) eran pescadores sin vínculo con alguna agrupación.
Patricio
Ampuero, presidente del Sindicato Independiente de Pescadores y
Armadores Artesanales de la Centolla, dijo que en la reunión “no nos fue
del todo bien”, no sólo porque la autoridad seguirá con el plan de
manejo como está (en esta etapa de consulta indígena), sino porque,
además, Arturo Rojas, director regional de Conaf Magallanes, llegó
tarde. “Nosotros como gremio del maritorio estamos en una línea, que es
dejar este plan sin efecto y empezar de nuevo con la nueva institución
de biodiversidad, para empezar y tener un consenso entre todos”,
resumió.
Algo
que el delegado José Ruiz aclaró: “Los pescadores artesanales nos
plantearon una debilidad en el proceso de participación del plan de
manejo y, lo que vamos a buscar como Gobierno, es fortalecer ese proceso
mediante un oficio a Conaf para que se busquen las vías, las formas de
fortalecer ese proceso y que se consideren todas las voces”.
Conaf
El
director regional de Conaf llegó tarde aduciendo problemas con su
vuelo. ¿Anula el avance del plan? Respondió que eso “está fuera de mi
rango”, pues Conaf cumple con “llevarlo a cabo, y éste es uno de los
seis que tenemos que hacer”. A ello se suma una respuesta a las críticas
por no considerar todas las voces. “Están solicitando la anulación,
diciendo que no consta porque hay actas. Es un proceso largo, que empezó
en 2019, 2020, se interrumpió por la pandemia, pero el plan de manejo
se le consultó y fue abiertamente solicitado la participación de todos
los entes regionales, productivos, no productivos, comunidad indígena y
la no indígena”.
“Esto
lo he visto en varias partes. La participación ciudadana es amplia, se
les invita, no participan o tienen participación pobre y no contribuyen a
la gestación de un plan de manejo y casi siempre no están de acuerdo
con el resultado final. Y casi siempre el que más grita, es al que más
escuchan”, complementó luego.
Sobre
una posible arremetida de la industria de los salmones, precisó que “el
borrador del plan de manejo actual, dentro de la zonificación, detalla
áreas donde se van a seguir manteniendo los cultivos de salmones”.
¿Dónde vienen los reparos? He aquí el asunto: “Simplemente es porque el
Plan de Manejo no los reconoce como actividad productiva… El Plan de
Manejo no permite la explotación de especies exóticas dentro del área
silvestre nacional. Eso es lo que les preocupa a los salmoneros. Ellos
están explotando animales exóticos, que no son oriundos del país, y
ellos están explotando áreas que fueron catalogadas como Triple A, y
esas áreas Triple A se concentran dentro del área kawésqar, no así en
otras partes de la región que se podrían transformar en futuras áreas de
explotación”.
A
lo anterior, se suma una cadena productiva (centro de mantención,
transporte de insumos, procesamientos y más) que también se vería
resentida.
ONG extranjera
La
ONG The Pew Charitable Trusts (Pew) ha sido la sindicada como la
organización cuyos intereses estarían en conflicto con la explotación de
productos no foráneos en áreas hasta el momento protegidas. Consultados
por este conflicto y su presunta insidencia, respondieron: “Como
organización sin fines de lucro que trabaja basándose en ciencia,
tenemos un convenio con destacados profesionales y académicos de la
Universidad Austral de Chile a través del Programa Austral Patagonia
(ProAP). En este marco y en cumplimiento con la legislación vigente,
ProAP entabló acuerdos de colaboración con Conaf, institución que
históricamente, y debido a la falta de financiamiento por parte del
Estado, ha hecho estos convenios con ONGs, universidades y otras
organizaciones sin fines de lucro, orientadas al bien común y sin
intereses comerciales para elevar la gestión de las áreas protegidas
(Parques Nacionales, Reservas y Monumentos Naturales)”.
A
renglón seguido, transparentaron que ProAP ha permitido “mejorar los
procesos, las capacidades, la formación del personal y las herramientas
para la gestión eficaz de las áreas protegidas terrestres y marinas de
la Patagonia, en consonancia con el compromiso de Chile a nivel nacional
e internacional en el marco de la crisis climática y de biodiversidad.
Estos acuerdos de colaboración no establecen obligaciones de control, ni
de decisión sobre el manejo de las áreas protegidas, rol que recae
legalmente en Conaf. Esta institución, como representantes del Estado de
Chile, son los encargados de coordinar la participación de los
distintos actores de la sociedad en el plan de manejo”.
Así
las cosas, precisaron que tanto el Parque Nacional como la Reserva
Kawésqar se hicieron “en respuesta a una demanda de la mayoría del
pueblo Kawésqar, expresada en una consulta indígena, donde expusieron su
deseo de proteger el futuro cultural y ecosistémico de estas áreas,
protegiéndolas de actividades industriales y a la vez preservando el uso
tradicional y la pesca artesanal, entre otras”.
Por
su parte, el director regional de Conaf complementó: “Pew no está
detrás del plan de manejo, sino que traspasaron fondos a la Universidad
Austral, la que permitió a nosotros, tras los fondos, contratar
profesionales para realizar investigaciones que entregaran información
en el Plan de Manejo, pero no son miles de millones. A nosotros fueron
casi $70 millones para contratar profesionales”.