El pasado 10 de enero, desde las oficinas de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), fue enviado un documento que contenía un total de 114 trabajadores del área educativa de la capital magallánica de quienes fue rechazado su traspaso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP).
Mediante correo, desde la Cormupa solicitaban al director de la Dirección de Educación Pública, Rodrigo Egaña Baraona, “establecer los fundamentos mediante un pronunciamiento que sirvieron de base para la decisión de no traspasar al SLEP”.
Luego de ponernos en contacto con algunos de los desafectados, sin emitir declaraciones, manifestaron su descontento por esta situación, ya que en gran parte de los casos, dichos profesionales cuentan con experiencia que supera la década en el área de educación pública bajo el alero de la Cormupa como sostenedora.
Una de las afectadas es la docente y exseremi de educación en 2019, Beatriz Sánchez, quien tampoco fue considerada en el traspaso.
En su representación, el abogado Dagoberto Álvaro Reinuava del Solar comentó que por el momento descartarían algún motivo político que haya motivado la determinación, ya que en septiembre pasado, la Cormupa habría presentado un sumario que se considera “injusto” en contra de la docente.
“Más bien atribuimos (esta situación) a la ya eterna e histórica falta de gestión de la Cormupa. A ella se le siguió un sumario que fue considerado ilegal y arbitrario por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y por la Corte Suprema, dejando sin efecto la destitución que en dicho procedimiento se adoptó. Estas resoluciones judiciales quedaron firmes a mediados de noviembre y fueron notificadas a la entidad municipal. Y por tanto tenían un razonable periodo para evitar esta situación”, indicó el letrado.
“Y en este caso, el trabajo de notificar y coordinar con el SLEP y la Secretaría de Educación Publica del Ministerio de Educación era de Cormupa, no de los tribunales, ni menos de la propia trabajadora. Y esto no es algo que debe tomarse a la ligera, porque la obligación de coordinación entre los entes públicos, es una obligación legal y constitucional. Sin embargo, una vez más vemos cómo estas cuestiones básicas de gestión y cumplimiento de ley parecen no importar a nadie en los órganos estatales, aunque existan perjuicio a los ciudadanos”, agregó Reinuava.