A partir de febrero, se pondrá en marcha la primera etapa de los incrementos en las tarifas de gas natural en todo el país. Se terminará de completar en abril con la definición de un nuevo esquema de segmentación con un índice de actualización mensual, para lo que se convocará a una nueva audiencia pública, que se llevaría a cabo a mediados de marzo.
La medida por parte del Gobierno Nacional busca poner fin a la política de subsidios a la oferta y redireccionarlos a la demanda de los sectores socialmente más vulnerables, a fin de acoplar las tarifas con los costos de explotación de las empresas prestadoras de los servicios de energía (gas y electricidad) y transporte de pasajeros (colectivos y trenes), según publica Télam.
La primera etapa de implementación será de febrero a abril, donde se procederá al recorte gradual de los subsidios del componente del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), a razón de un tercio por cada mes.
Y es que ya definida la etapa del recorte de subsidios, corresponderá establecer el nuevo esquema tarifario con la suma de otros tres ítems: el traslado al precio final de los costos de transporte, el de los márgenes de distribución y, además, la implementación de un índice de ajuste mensual, tal como se había establecido en el punto 4 de la convocatoria a la primera audiencia.
A su vez, deben tenerse en cuenta factores estacionales que inciden en la proporción del componente subsidiado de la tarifa, como la variación de los precios del gas local, el proveniente de Bolivia y el GNL regasificado.
Ese aspecto es determinante para decidir la reducción gradual de los subsidios en la primera etapa, que comenzará en febrero: en la actualidad, se paga 0,7 dólar por el millón de BTU pero el costo es de USD 4,1. Esto implica que, entre febrero y abril, lo que el usuario pagará por el componente PIST tendría que aumentar un 485,7 %, aunque el porcentaje puede variar por tratarse de un promedio.
El artículo 318 del proyecto de Ley de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” faculta al Poder Ejecutivo a “modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios”, que podría implicar cambios en el régimen de Zonas Frías o, directamente su supresión, con el consecuente impacto en las tarifas de las regiones afectadas.
Si bien no se dieron precisiones sobre cómo se instrumentará ese mecanismo de actualización, todas las distribuidoras y transportadoras coincidieron en elegir el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).