Aunque no existe un detalle preciso de carácter público que indique los nombres y la residencia de los 418 beneficiados con pensiones de gracias del estallido, sí se conoció que fueron 3 las solicitudes que ingresaron al sistema desde la Región de Magallanes.
La discusión surgida en torno al tema tuvo nuevas aristas ayer, luego que se conociera que la comisión especial de la Cámara de Diputados aprobara el informe que establece irregularidades en la entrega y la Contraloría estableciera que son 69 los beneficiarios con antecedentes penales, que van desde homicidios hasta pornografía infantil.
Fue en la comisión investigadora donde se tuvo acceso al informe del ente fiscalizador, que además del mencionado antecedente indicó que 19 beneficiarios no presentan antecedentes médicos o habían presentado documentación poco legible, incompleta o con una fecha que no correspondía. De éstos, nueve casos fueron subsanados.
Conocido lo anterior, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió una declaración respecto de su actuar en la entrega de pensiones. Según el organismo, las leyes de Presupuesto 2021 y 2022 “encomendaron al INDH acreditar la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos” a quienes sufrieron lesiones durante el estallido.
“No hubo encargo para el INDH en cuanto a la magnitud de las lesiones y su relación causal con el menoscabo laboral de tales víctimas”. Agrega que el otorgar los beneficios “estaba radicado en el Ministerio del Interior, acción que ejecutó a través del Departamento de Acción Social (DAS) y la comisión especial asesora. El INDH nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran”.
Asimismo, asegura que la evaluación o acreditación de lesiones “están fuera de las facultades que la Ley N°20.405 otorga al INDH y eso son tareas completamente ajenas a su misión y competencias”.
Solicitudes
En cuanto al proceso, el Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior informó que fueron más del 90% de las solicitudes fueron aprobadas, considerándose a personas que sufrieron agresiones físicas; víctimas de lesiones graves en sus extremidades o el tronco con alguna afectación psicológica; y afectados por trauma ocular irreversibles, o lesiones gravísimas no oculares.
Los montos establecidos fueron 3: Tramo 1: $257.836; Tramo 2: $386.754; Tramo 3: $516.672.
En el desglose de ingresos por regiones, la Región Metropolitana registró el mayor número de solicitudes (167), seguida de Valparaíso (38), Los Lagos (28) y La Araucanía (25). El menor número correspondió a Magallanes (3), Ñuble (3) y Aysén (2).
Ministra Tohá
Quien también se refirió al informe revelado ayer, fue Carolina Tohá.
La ministra del Interior, sostuvo que “por supuesto que aquí hay un procedimiento que no estaba bien pensado, no solo con respecto a las pensiones del estallido, estamos analizando las pensiones de gracia hacia atrás”.
“En Chile hay 18 mil pensiones de gracia y nunca ha sido un requisito para entregarla, los antecedentes penales. Entonces, esto es algo que tiene que modificarse a futuro, eso es lo que nos ha instruido el Presidente”, agregó.
La jefa de gabinete aseguró que “el Presidente de la República, apenas conoció el tipo de delito en los cuales tenían participación algunos de los beneficiarios, tomó una serie de definiciones en la semana pasada”.
Mencionó que entre éstas, dejó firmada la revocación de la pensión de gracia de una persona con antecedentes de pornografía infantil, y que no era uno de los casos con daño permanente y grave como es la pérdida del globo ocular.
En esa línea, señaló que en la mayoría de los casos que se han conocido de personas con antecedentes penales graves “no corresponden a las personas que tienen los daños más severos, por ejemplo, la pérdida del globo ocular. La enorme mayoría son otro tipo de daños”, aseguró.
Reconoció “error grave”
En tanto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconoció que hubo un error “grave” en las pensiones de gracia mal otorgadas.
“Nunca debería haber ocurrido que se entregaran pensiones de gracia a quienes tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Nunca debió haber ocurrido; por lo tanto, es un hecho grave”.
No obstante, garantizó que “se cumplió rigurosamente los requisitos que establecía el procedimiento, establecido para entregar esas pensiones, procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero del 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales”.
“Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría que sí fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento”, afirmó.