A raíz del pronunciamiento realizado por la Contraloría General de la República donde se informa que “no es posible que el intendente de la XII Región decrete la caducidad de los contratos de arrendamiento y de subarrendamiento celebrados en terrenos e infraestructura de la Zona Franca de Punta Arenas, sin perjuicios de otras medidas”, se le consultó al seremi de Hacienda, Christian García, conforme a este tema, en el que puntualizó que “no es solamente el caso de turismo y servicios. Hay muchos casos de subarrendamiento. Entonces qué es lo que le preguntamos a la Contraloría, ¿Nosotros tenemos que caducar a los subarrendadores? Y la Contraloría dijo: no, a usted no le corresponde. Usted tiene que velar porque la concesionaria sea quien arregle esta situación, porque a quien se le entregó el recinto, es a la concesionaria. La concesionaria debe arreglar los problemas de los subarrendamientos, vale decir, la concesionaria es quien debe caducar o llegar a algún otro acuerdo con los distintos subarrendatarios y subarrendadores, para normalizar esta situación”.
Este punto manifestó la existencia de siete contratos de subarriendo dentro de Zona Franca, seis de ellos concedidos por la actual concesionaria del recinto franco, Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI).
Frente a esto García explicó que “lo que está claro es que no se puede subarrendar dentro del recinto y efectivamente esto es parte de la sesión del derecho concedido como lo ha dicho la Contraloría en otros dictámenes. Lo que la Contraloría dice es que en el fondo el intendente no tiene potestades sobre los subarrendatarios, las potestades las tiene sobre el concesionario”.
Además, agregó que “el dictamen lo pedimos justamente, porque la Contraloría nos estaba alegando que teníamos un montón de subarrendamientos, directamente le preguntamos quien lo tenía que arreglar, nosotros o la concesionaria”.