Contratos
al interior de ENAP por más de 900 millones de pesos fueron
considerados como irregulares por la Contraloría General de la
República, por lo que el organismo entregó todos los antecedentes del
caso, al Consejo de Defensa del Estado.
A
juicio del ente contralor, los contratos realizados entre 2015 y 2017,
corresponden a contrataciones de servicios medioambientales mal
efectuados o sencillamente no realizados.
El
informe surgió tras la denuncia efectuada en dicho organismo por el
exasesor ambientalista de Enap, Marcelo Canales, despedido en 2017 y
quien apoyado por el diputado RN, Leonidas Romero, quien presentó los
antecedentes respectivos.
En el caso de Magallanes, se pagaron de forma irregular más de $ 210 millones a la empresa Biosoil Chile SpA.
Romero
El
diputado Leonidas Romero expresó ayer que “lamentablemente, se confirma
lo que había denunciado públicamente en relación a las irregularidades
al interior de ENAP” y denunció además que tenía antecedentes que estos
recursos fueron utilizados en campañas políticas, por lo que exigió que
los ejecutivos involucrados sean cesados y procesados cuanto antes.
Sindicato Trabajadores
A su vez,
el presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes,
Alejandro Avendaño, manifestó su molestia por esta situación y exigió
que, de una vez por todas, se tomen medidas drásticas en contra de los
responsables de estos hechos y que éstos respondan no sólo penalmente,
sino incluso con su propio patrimonio por este daño al patrimonio de la
empresa. “Ya está bueno de que haya informes e informes y no se haga
nada”, dijo.
ENAP
En
tanto, ENAP Magallanes declaró ayer: “Respecto del informe de CGR con
observaciones sobre un contrato suscrito el año 2015 respectivamente,
que abarca servicios prestados en Magallanes con anterioridad a esta
administración, la empresa implementará las investigaciones
que correspondan, sin perjuicio de los antecedentes ya aportados al
fiscalizador con objeto de la auditoría del año 2018, e informará de sus
resultados y las medidas adoptadas al organismo contralor en el plazo
correspondiente”.