Tras el reciente
fallo que confirmó lo resuelto en primera instancia por la Corte de Apelaciones
de Punta Arenas y que obliga a la autoridad de Salud y la Municipalidad a
planificar acciones tendientes a retirar los perros vagos que circulan por la
comuna, diversas posturas saltaron a la palestra una vez hecha efectiva la
notificación.
“El único
organismo que ha tomado medidas es el municipio, desde la administración
anterior. Tenemos un canil, un centro de rescate, tenemos una clínica
instalada, tenemos un contrato de captura y hemos chipeado una cantidad de
perros en diferentes procedimientos. Hemos obtenido recursos regionales y en
los próximos días podremos licitar contratos para triplicar el ritmo de
esterilización”, indicó tajantemente en su momento, el alcalde de Punta Arenas
Emilio Boccazzi Campos, dando cuenta de la labor empleada hasta ahora por la
entidad municipal, la que si bien ha sido eficiente, esta pareciese no ser
suficiente.
Por su parte, fue
el propio secretario regional ministerial de Salud, Óscar Vargas Zec, quien
reconoció lo sinuoso de la misión delegada por el organismo judicial, sobre
todo al considerar una serie de dificultades prácticas que se vislumbran para
acatar la medida a cabalidad.
“Por ejemplo,
nosotros recibimos las notificaciones de todas las mordeduras de parte de los
servicios de urgencia, sin embargo el 60 por ciento no identifica ninguna
dirección que nos permita acercarnos al perro mordedor. Incluso después de
recibida la notificación visitamos a la persona para tratar de identificar al animal pero esto no
es posible, así que tendremos que ver la forma de que este método sea más
efectivo”, argumentó el profesional del área de la salud.
Mientras que la
Unión de Defensa del Derecho Animal (UDDA), no quiso quedar ajena al debate.
“Consideramos de suma importancia que seamos considerados dentro de la
planificación y/o formación de una propuesta de diseño y ejecución de un plan
de acción de control ético canino”, esgrimieron desde la organización
protectora animal.