Por
despido injustificado, el ex funcionario de la Corporación Nacional
Forestal (Conaf) solicita una indemnización de casi 94 millones de
pesos.
El
empleado –que es especialista en materia de incendios– perdió su trabajo
tras negarse a acudir a la explosión que afectó al Regimiento Reforzado
Lanceros en marzo pasado. La demanda establece que se cayó en una
“conducta totalmente machista”, pues se encontraba cuidando a sus hijas
al momento de la emergencia.
Una demanda iniciada por las llamas
Por
la crisis sanitaria, el demandante tuvo que desempeñar su trabajo por
vía telemática. No era fácil; su esposa trabaja en un laboratorio
tomando exámenes de muestras y debían compartir el cuidado de dos
gemelas de 5 años.
De
acuerdo a la demanda, el empleador lo requería constantemente para
trabajos presenciales. Estas actitudes se repitieron hasta el 25 de
marzo pasado, cuando un incendio se propagó en las actividades de
entrenamiento del Regimiento Reforzado Lanceros. Como especialista en
materia, el recurrente fue alertado por su jefe para que se dirigiese a
la emergencia.
El
demandante se vio en una encrucijada. Tenía a las gemelas bajo su
cuidado y su esposa volvía a las 18:00. Decidió negarse a acudir a la
emergencia y le dijo a su jefe que podía integrarse cuando llegase su
mujer.
De
acuerdo a la demanda, no fue la única razón esgrimida a su empleador. El
incendio se encontraba a 240 kilómetros de distancia, lo que no estaría
establecido en su contrato. Tampoco era seguro acudir al lugar, porque
el fuego comenzó con la explosión de 3 bombas de mortero y podía haber
más armamento.
Al día siguiente del incendio, el funcionario de Conaf fue despedido. Como causal, su jefe invocó
“la falta injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador que
tuviese a su cargo una actividad y que signifique una perturbación grave
en la marcha de la obra”.
Para el demandante no hay dobles lecturas: “se me ha despedido por razones que
dicen relación principalmente por encontrarme desempeñando mis labores
mediante teletrabajo, por estar al cuidado de mis dos hijas”, dice en el
documento legal. “En una conducta totalmente machista y
discriminatoria, considera que mi mujer debía quedarse en casa y yo
trabajando”, agrega.
El
ex empleado solicita que se le pague una indemnización de casi 95
millones de pesos y su reincorporación a Conaf. Señala que ha sufrido un
daño moral y que aún no se le paga el finiquito.
El
abogado que lo representa, José Luis Pérez, solicita que “se
investiguen las responsabilidades de su jefe directo y del director
regional, al exponer las vidas de los brigadistas y del mismo demandante
al intervenir en un incendio donde explotaron 3 bombas de mortero”.
La
demanda tiene el apoyo de la Federación de Sindicatos de CONAF. En
diciembre se exhibirá la prueba ante el Juzgado de Letras de Punta
Arenas.