Una
querella criminal por injurias graves, cometidas a través de un medio
de comunicación, presentó ayer la ex gobernadora de Magallanes Paola
Fernández en contra del actual gobernador de la provincia e intendente
subrogante de la Región de Magallanes, Nicolás Cogler.
La
presentación, realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, es
patrocinada por los abogados Pablo Bussenius y Carlos Abarzúa, ex
seremis de Justicia y Trabajo, respectivamente.
Al
respecto, el abogado Bussenius destacó como un valor el derecho a la
libertad de expresión, definición que extendió a su representada y a su
socio, “pero al mismo tiempo, así como defendemos ese derecho, creemos
que tiene ciertos límites y existe la obligación de responder por los
delitos y los abusos que pudieran cometerse en el ejercicio de la
libertad de expresión”.
Penas involucradas
La
querella persigue que se establezca la existencia del delito y luego la
aplicación de la pena correspondiente, que según dijo Bussenius, al
tratarse de injurias graves, “corresponde reclusión menor en su grado
medio más las accesorias correspondientes, multa de 150 UTM y la
publicación de un extracto de la sentencia en los medios de comunicación
social donde se formularon las acusaciones injuriosas”.
Consultado
acerca de si los dichos de Cogler obedecerían a una maniobra política,
respondió que “no me corresponde como abogado hacer juicios, sino que
queremos en definitiva que la justicia establezca la existencia del
delito de injuria”.
“Es desconocimiento”
En
tanto, la ex gobernadora Fernández señaló que “aquí se ha cruzado un
límite y lo sensible que es aquello que tiene que ver con la honra. Cada
día de mi trabajo durante los cuatro años que fui gobernadora de esta
provincia, lo realicé con dedicación, esmero, honestidad y probidad. Por
lo tanto, en el espacio político no pueden entrar aquellas cosas que
tengan que ver con enlodar la imagen”.
La
ex gobernadora destacó como un hecho cierto que “en un poco más de un
mes he estado en titulares y en una suerte de revisionismo continuo de
mi gestión, más allá de las cosas administrativas”.
– ¿Usted descarta que haya habido este vínculo familiar del que se habla y del beneficio que habría existido?
“Eso
está establecido primero en las bases de licitación. Es desconocimiento
poner en cuestión los documentos que acompañan cada una de las
presentaciones a una licitación. Está establecido en la ley de compras
públicas que no pueden presentarse los familiares o quienes tengan
relación con la entidad que otorgaba los recursos, que en este caso es
el Sence o la Gobernación de Magallanes, que tenía que implementar estos
cursos”.