Alrededor de las 9 horas de ayer
llegó la ex secretaria de la Cormupa a tribunales, acompañada de cercanos, para
conocer los cargos que la Fiscalía le imputa y que originaron una investigación
en su contra,
En la sala 1 del Juzgado de
Garantía, el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, le señaló a la
imputada, profesora Cristina Isabel Susi Garrido, que se iniciaba una
investigación en su contra por los hechos que ocurrieron entre los meses de
agosto y septiembre del año 2015, cuando la imputada en calidad de
representante legal de la Corporación Municipal de Punta Arenas procedió a
efectuar los descuentos legales de las remuneraciones a la docente Consuelo
Suárez Gallardo, de Fonasa y su AFP, según el detalle al mes de agosto, de
alrededor de 170 mil pesos y 114 mil pesos. y en septiembre de 180 mil pesos y
114 mil. Las sumas fueron descontadas pero no fueron entregadas en las
instituciones previsionales, provocando un perjuicio de alrededor de 600 mil
pesos.
Con estos antecedentes a la
imputada se le formalizó por el delito de apropiación de cotizaciones
previsionales, fijándose para el 30 de junio próximo a las 9 horas para una
audiencia de acuerdo reparatorio. El plazo para el cierre de la investigación
se fijó en 45 días.
A la salida de la formalización,
el fiscal Dobson detalló que “se cumplió con la comunicación de cargos por una
denuncia que se efectuó por apropiación de cotizaciones previsionales. Se agendó una audiencia para
debatir una salida alternativa que pueda solucionar este caso mediante un
acuerdo entre imputada y víctima”.
A la salida de la audiencia, a
pesar que la actual directora de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa no quiso
dar declaraciones, sí lo hizo su abogado Ramón Ibáñez, quien fue enfático en
señalar que los montos mencionados en la audiencia están pagados. “En este caso
la denuncia fue interpuesta por una funcionaria de la Corporación Municipal, a
la cual se declararon las cotizaciones previsionales y no se pagaron, por este
hecho al ser mi representada en esa ocasión la secretaria general de la entidad
se requirió su presencia en tribunales. Esta es una causa desafortunada, ya que
una ciudadana ejemplar se ha responsabilizado y visto expuesta en un hecho
ilícito en el cual ella no tiene ningún grado de responsabilidad. La
Corporación desde hace años que tiene un desorden financiero, es cosa de ver
los medios de comunicación para darse cuenta de los embargos, inclusive al
sistema de salud, por lo que mi representada no tiene responsabilidad, sin perjuicio
que sea la responsable legal, pero no se ha enriquecido con este desorden
administrativo que viene de administraciones anteriores”.