Una hermana y un sobrino de María Marta Vargas Ruiz deberán acudir a la Ley de Transparencia y otro cuerpo legal para obtener más antecedentes por los hechos que terminaron con la muerte de su familiar, de acuerdo con una invitación formulada, vía electrónica por Diego Cabezas Martínez, asesor jurídico del Servicio de Salud Magallanes.
Una hermana y un sobrino de María Marta Vargas Ruiz, fallecida en junio pasado y que recibiera malos tratos en el SAMU del Hospital de Puerto Natales, llegaron en horas de la mañana de ayer martes hasta el Hospital de Puerto Natales, citados de urgencia, para reunirse con el director del nosocomio e inquirir detalles del sumario que sancionó a tres funcionarios por los hechos que, finalmente, llevaron a la muerte de su pariente directa.
María Dina Vargas Ruiz y Luis España Vargas se apersonaron en las oficinas de la dirección del centro asistencial y fueron atendidos por el titular, Juan Carlos Mancilla, a quien acompañó un funcionario que se identificó como abogado del Servicio de Salud Magallanes, ya que no pudo recibirlos en la tarde del lunes puesto que sólo ese día reasumió sus tareas y funciones después de hacer uso de vacaciones.
Mancilla sostuvo, durante el día lunes, una serie de reuniones de trabajo y de planificación de actividades intrahospitalarias con el fin de enfrentar en mejor forma la situación que acontece en el centro asistencial natalino a raíz de la paralización de los funcionarios en pos de un monto mayor de reajuste y de los bonos que ha ofrecido el Gobierno de Michelle Bachelet a los trabajadores del sector público y que ya se prolonga por un par de semanas.
Los familiares de María Marta Vargas Ruiz quedaron a la espera de una fecha para reunirse con Mancilla y recibir detalles del sumario que sancionó a tres funcionarios del Hospital de Puerto Natales en las tareas de hospitalización y traslado a Punta Arenas, en condiciones que se estimaron de su parte como “deplorables” y que la paciente había recibido “un trato inhumano” y esa reunión, con el asesor jurídico presente, se realizó en la mañana de ayer, sin que los familiares lograran ser informados de los detalles del sumario y menos, de la identidad de los sancionados.
En un correo electrónico enviado a Luis España Vargas, sobrino de la paciente fallecida, por Diego Cabezas Martínez, asesor jurídico del Servicio de Salud Magallanes, puede leerse que “la información contenida en cualquier acto de este Servicio, así como de la Administración, puede ser otorgada previo requerimiento formal en conformidad a la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública y a la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, si resultare procedente”.
El mismo correo agrega que “Los antecedentes contenidos en los procesos referidos están a disposición y resultan susceptibles del señalado requerimiento, por tanto y con el objetivo de resguardar la oportunidad, legalidad y transparencia en la entrega de los mismo, le invito a utilizar dichos mecanismos para acceder a éstos”.
Luis España Vargas, sobrino de la paciente fallecida, reiteró la necesidad de que la familia conozca los detalles del sumario; que se les dé la identidad de los sancionados y que ellos, como familia afectada, “no perseguimos a persona alguna, en particular, sino que queremos que los procedimientos empleados con mi tía materna, sean perfeccionados para que nunca más se repitan”.
Recordaron que se les hizo saber que los plazos serían breves y ellos accederían a esa información, pero han pasado largos meses y esa promesa, hecha mediante correo electrónico por la enfermera Pamela Franzi, directora del Servicio de Salud Magallanes, y en persona por Juan Carlos Mancilla, director del hospital de Puerto Natales, aún no se cumple totalmente y menos aún después del correo del asesor jurídico y de la reunión sostenida ayer martes por la mañana en el centro asistencial natalino, aumentando la intranquilidad y el dolor de la familia por la pérdida de una de sus integrantes y su falta de conocimiento acerca del sumario y de los hechos que motivaron las sanciones para los tres funcionarios que no han sido debidamente identificados por sus jefes.
Los familiares de María Marta Vargas Ruiz señalaron que se reservarán, hasta que lo consideren oportuno, el derecho de emprender acciones legales por la situación derivada del fallecimiento de su familiar.
tando la intranquilidad y el dolor de la familia por la pérdida de una de sus integrantes.