Un grupo de pobladores pertenecientes al campamento Villa Las Etnias, ubicado en el sector poniente de Punta Arenas, realizó una protesta pacífica en el centro de la ciudad hasta llegar al Palacio Montes, tras ser notificados por escrito para abandonar en un plazo de 30 días el terreno que han ocupado por más de diez años.
Los manifestantes, encabezados por el dirigente Bernardo Vallegan, denunciaron que la comunicación llegó sin instancias previas de diálogo ni ofrecimientos de relocalización o subsidios habitacionales para las cerca de 85 familias que residen en el lugar. “Nos avisaron que nos desalojan ahora en octubre, en un mes (…) Llevamos diez años en la toma y nunca han negociado con nosotros. Nos mandaron la carta junto con la empanada del 18”, reclamó una de las vecinas movilizadas, destacando que el asentamiento cuenta con personalidad jurídica y comité de vivienda formalizado.
Respuesta de las autoridades regionales y desmarque municipal
Frente al conflicto, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, defendió el procedimiento de recuperación del predio argumentando la urgencia de habilitar infraestructura comunitaria paralizada: “Necesitamos recuperar, primero que nada, el centro de salud y también el jardín infantil que no han podido ser utilizados”. Asimismo, la autoridad fue enfática en la política habitacional del Ejecutivo: “No vamos a permitir que nadie se salte la fila. Hay gente que lleva años esperando en listas de espera regulares y eso hay que respetarlo”, añadiendo que existe coordinación con el Serviu y Desarrollo Social para abordar casos de alta vulnerabilidad.
Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, se desmarcó de la orden de restitución aclarando que el municipio no posee atribuciones ni la propiedad del paño, el cual pertenece al Serviu y a la constructora Salfa. Con ello, las familias mantendrán las gestiones directamente ante los organismos del Gobierno Regional a la espera de ser escuchadas antes de que expire el plazo fijado para octubre.