Un nuevo capítulo se escribió ayer de la anunciada llegada en marzo a Punta Arenas de la aplicación Easy Taxi, que tiene enfrascados en una ácida polémica a la Seremi de Transportes, a los gremios de taxistas y a la propia empresa, que anticipó públicamente descuentos de tarifas y otros supuestos beneficios para los usuarios del sistema.
El viernes pasado, en Diario El Pingüino, el seremi (s) de Transportes, Ricardo Haro, señaló enfáticamente que “el uso ilegal de esta aplicación constituye una competencia desleal con los taxistas establecidos que cumplen con la normativa”.
Agregó que “no hay ninguna garantía para el pasajero que utiliza este servicio que la persona que está contratando a través de este sistema, posea la licencia de conducir profesional que la ley le exige, ni que el vehículo tenga la revisión técnica al día y tampoco que cuente con los seguros requeridos, en el caso de producirse un accidente”.
En la oportunidad, Haro reafirmó la voluntad del Gobierno de hacer cumplir la ley y anunció que redoblarán las fiscalizaciones para “sacar a los taxis piratas de las calles”.
“Gobierno ha mentido”
La respuesta de la cuestionada empresa Easy Taxi al seremi (s) Ricardo Haro no tardó en llegar y su gerente general, Manuel Parraguez, respondió que “el Gobierno ha mentido a los taxistas, luego que la discusión de la ley que regula el rubro no está entre las prioridades legislativas, y defendió el legítimo derecho de las personas a contar con movilización de calidad en la región”.
Parraguez agregó que “el transporte es una de las necesidades básicas de la población y, sinceramente, el ministro y el Gobierno no le ven el peso y la carga que significa no tener regulación en ese mercado. Por eso es que las declaraciones del seremi no corresponden. No hay legislación y el gobierno que representa no tiene el ánimo de iniciar la discusión. Estamos hablando de millones de usuarios desprotegidos por la ley, en el ámbito de la movilidad urbana. Al parecer, al Gobierno no le importa la gente. Esta vez no hablo por los transportistas sino por los usuarios, ya que tanto nosotros como la competencia ya tenemos en nuestra suma directa más de 5 millones de descargas. Insisto que este ya no es tema de conductores ni taxistas caprichosos sino de la población chilena”.
Que cumplan con la ley
La respuesta a lo planteado por el gerente general de Easy Taxi provino esta vez de Víctor Igor, seremi de Bienes Nacionales, quien subroga al seremi de Transportes esta semana.
“Valoramos que se apliquen nuevas tecnologías para el mejor manejo de estas actividades productivas y que permitan mejor accesibilidad del usuario al transporte público. Pero también somos enfáticos en señalar que lo que el Gobierno está implementando es una ley justa, es decir, que aquellas personas que se dediquen al transporte público, principalmente de pasajeros, cumplan con toda la normativa vigente y eso, el hecho de ir reclutando automóviles que no cumplen con la normativa del Ministerio de Transportes, genera un desmedro para taxis y colectivos que sí cumplen la ley”.
Acerca de la crítica realizada al poco interés que tendría el Gobierno en regular este tipo de servicios, el seremi (s) puntualizó que “esperamos que dentro de la agenda legislativa, ojalá dentro de este año o el próximo, pueda salir humo blanco respecto de la normativa”.
Normalizar la ilegalidad
Sin duda, los gremios de taxistas tienen mucho que decir en esta discusión que se está dando en todas las ciudades del mundo donde está presente la mencionada aplicación.
Al respecto, Marcelino Aguayo, consejero regional y presidente de la Asociación Gremial de Taxis Colectivos de Punta Arenas (Tacopa), uno de los principales detractores de la anunciada llegada de Easy Taxi a Punta Arenas, manifestó que “lo que buscan es normalizar la ilegalidad. Estas empresas son de muchos millones de dólares, que se llevan una parte de las utilidades al extranjero y que claramente ‘venden la pomada’ con el tema de la mejora de un servicio, que es algo que la gente espera, que lo necesita. Por eso se presentan con rebajas de tarifas”.
Aguayo añadió que “esto es muy atractivo para ellos (Easy Taxi), porque sin hacer mayor inversión trabajan con la inversión de otros. Así es muy fácil. Se aprovechan de una falla del servicio. Nosotros estamos conscientes de que el servicio que prestamos no es el mejor y en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, sí se puede mejorar, pero dentro de un estado de derecho”.
Respecto del arribo de la empresa a la región, señaló que “es tan extraño este tema, que hoy día muchos publicitan esto y no tienen pudor de hacerlo y de presentar gerentes generales de empresas ilegales”.
Fiscalizaciones
Acerca de las fiscalizaciones que anunció Transportes a los “taxis piratas”, Aguayo estima que no existe hoy la capacidad para llevarlas a cabo. “Si yo hoy día presto servicio con un auto rojo, amarillo o verde, las multas son de hasta $ 1.200.000. La pregunta es: ¿Se las cobran? ¿Los fiscalizadores tienen capacidad para hacerlo? No, porque están superados. En Chile no hay capacidad fiscalizadora en ningún área y los más grandes hacen lo que quieren. ¿Qué posibilidad tenemos en Magallanes de parar esta cuestión? Sólo ampararnos en la legalidad y esperar que la ley salga lo más favorable, es decir, que no salga tan mala, que nos termine dejando fuero de esto y terminemos siendo empleados de una multinacional”.