La Asociación
Nacional de Funcionarios del Ministerio Público se declaró en estado de alerta,
en todo el país, por el impacto que tendrá la decisión del gobierno de quitar
de la lista de prioridades legislativas el proyecto de Ley que moderniza el
Ministerio Público.
El cuerpo legal,
cuya elaboración respondió a un compromiso contraído por la administración de
Michelle Bachelet con los trabajadores de la Fiscalía de Chile, fue ingresado
en diciembre pasado al Congreso con suma urgencia, categoría que aún mantiene.
Por lo anterior, el
presidente de Anfumip, Freddy González, sostuvo que la autoridad debe aclarar
el sentido de una decisión que entrega señales contradictorias tanto a la
ciudadanía como a los trabajadores.
“Si es un proyecto
que tiene suma urgencia, cómo entonces se le quita prioridad en la agenda del
gobierno. Es un contrasentido”, afirmó.
“No se entiende que
deje de ser relevante la urgente necesidad –respecto de la cual hay consenso en
todos los sectores- de dotar a la institución de la orgánica que le permita
cumplir con su misión”, subrayó.
Agregó que si se
trata de perfeccionar el proyecto –con temas que incluso han sido solicitados
por parte de los propios funcionarios- ello se puede hacer sin que deje de
situarse entre las prioridades de la autoridad.
En este contexto,
González sostuvo que los trabajadores se mantendrán en estado de alerta hasta
que no haya un pronunciamiento claro por parte del gobierno.
“Estamos
alerta a cada paso que da en el Congreso. Hemos luchado por años para que este
proyecto se transforme en una realidad y no vamos a aceptar demoras porque la
institución, nuestros funcionarios y los chilenos no pueden seguir esperando”,
aseveró.