Los gobiernos regionales se mantienen en alerta tras la propuesta de ajuste presupuestario impulsada por el Ministerio de Hacienda, la cual proyecta una reducción del gasto fiscal cercana a los 250 mil millones de pesos para los presupuestos subnacionales.
La medida ha generado transversal indignación entre las autoridades regionales, quienes advierten un severo golpe a la descentralización, a la reactivación económica y a la ejecución de obras públicas clave en los territorios.
Desde la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, lideró los reparos y transparentó lo complejo del escenario.
“Esto no es fácil, porque estamos hablando de recursos que ya estaban comprometidos con las comunidades y proyectos en marcha. No podemos permitir que el ajuste fiscal se corte por el hilo más delgado, que son las regiones”.
El impacto en el extremo
En Magallanes, la preocupación cobra un tono aún más crítico. Los costos logísticos, el aislamiento geográfico y la dependencia del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para sostener áreas sensibles —como conectividad marítima, pavimentación y soluciones habitacionales— dejan a la región en una posición de extrema vulnerabilidad ante cualquier poda presupuestaria.
El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, fue enfático al recalcar que un recorte en zonas extremas no representa un mero ajuste contable, sino una paralización real del bienestar social y el empleo.
“El recorte presupuestario golpea el corazón del desarrollo de nuestra región. No se trata de simples cifras en una planilla de Hacienda; en Magallanes, cada peso recortado significa frenar subsidios, paralizar obras de infraestructura básica y congelar la construcción de viviendas sociales. Si el poder central insiste en esta merma, no solo debilita la descentralización, sino que frena la economía y el empleo en los territorios más apartados”.