Una evaluación
técnica de la legislación pesquera vigente a la luz de los instrumentos y
buenas prácticas para la sustentabilidad y gobernanza del sector pesquero
encargó el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca a la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus
siglas en inglés).
La medida busca
cumplir con lo comprometido por la Presidenta Michelle Bachelet el 21 de Mayo
pasado, cuando aseguró que se reevaluaría la legislación aprobada en 2012.
El ministro de
Economía, Luis Felipe Céspedes, aseguró que la evaluación “cumplirá con los más
altos estándares internacionales en materia de sustentabilidad y se ajustará a
las directrices mundiales que FAO promueve respecto de pesca sostenible y buenas
prácticas”. Añadió que este acuerdo “es
un paso más en nuestra estrategia para impulsar y fortalecer la pesca y
acuicultura, la que considera acciones para mejorar la institucionalidad del
sector, afrontar los desafíos de largo plazo y promover el emprendimiento, pero
también para enfrentar las urgencias que están afectando directamente la
subsistencia de las personas”.
La
iniciativa tendrá una duración de ocho
meses y permitirá establecer un marco teórico e identificación de estándares
internacionales en materia de legislación pesquera y acuícola, realizar un
análisis de brechas de la ley en
relación con los instrumentos y acuerdos internacionales en materia de gestión
sostenible de recursos pesqueros y otorgar recomendaciones que permitan
eliminar, acortar o cerrar las brechas o vacíos de la ley con respecto a los
instrumentos, acuerdos y directrices internacionales para la sostenibilidad y
gobernanza del sector.
La representante
de FAO en Chile, Eve Crowley, comentó que “como organismo técnico internacional
hemos encabezado y apoyado a diversos países en la formulación de sus
instrumentos legales, políticas y marcos regulatorios para la gestión
sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas. En este sentido, FAO apoyará
al Gobierno de Chile en la evaluación de la normativa, considerando los
acuerdos y buenas prácticas internacionales para la sustentabilidad y
gobernanza del sector pesquero”.