El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ofició al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, la aprobación de la transacción relacionada con el contrato de Zona Franca de Punta Arenas, lo que podría dar luz verde al acuerdo definitivo entre el Gobierno Regional y la concesionaria antes que termine el presente año.
Así se conoció ayer tras las reuniones que el intendente Jorge Flies y el biseremi Christian García sostuvieron en Santiago con el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, quien les dio a conocer de la aprobación de los acuerdos que buscan terminar con dos litigios (judicializados y luego suspendidos) que se mantenían pendientes con la Sociedad Rentas Inmobiliarias.
El primero daba cuenta de la demanda interpuesta por la concesionaria solicitando la restitución de pagos efectuados como consecuencia de la resolución de la Intendencia Regional de Magallanes que estableció que el precio a pagar por la concesión debía calcularse en base al ingreso bruto devengado, en circunstancias que previamente había calculado en base al ingreso bruto percibido, exigiendo el pago de $ 157.800.791 como restitución parcial del precio mal cobrado.
El segundo, guardaba relación con una demanda ordinaria contra el Fisco presentada por la misma concesionaria, a fin de declarar la improcedencia de las multas cursadas por la Intendencia los años 2011 y 2013 y su reembolso, las que guardaban relación con el atraso en la construcción de la obra “Terminal Rodoviario”, que formaba parte de la oferta de concesión, pero que fue dejada sin efecto en una modificación del contrato.
Intendente Flies
Ayer, el intendente regional Jorge Flies hizo presente su satisfacción por la reunión con el presidente del Consejo de Defensa del Estado “porque nos ha permitido avanzar y finiquitar la etapa de lo que es la negociación y trabajo que se ha hecho con Zona Franca para regularizar muchas dificultades que encontramos al iniciar el actual gobierno, pudiendo rescatar para la región más de 3 mil millones de pesos”.
El monto al que se refiere Flies dice relación con el proceso de negociación directa entre ambas partes iniciado el agosto de 2015, circunscribiendo las divergencias al monto y plazo del plan de inversiones para las obras; a la determinación de los ingresos brutos anuales para el pago del precio de concesión para los años 2007 al 2014, y a la acreditación de la reinversión para el primer y segundo trienio del período de la concesión.
En dicha negociación, el Fisco obtuvo la concesión del pago de una multa de 13.800 UF, por atraso en la entrega de inversiones que se encontraban prescritas y el pago de 11.500 UF, correspondientes al déficit de reinversión del primer trienio; además, la ejecución de obras de reinversión por 42.665 UF antes del 28 de febrero de 2017.
El pasado 7 de julio las partes arribaron a un preacuerdo, luego que la empresa concesionaria propusiera al CDE celebrar una transacción para poner término a los litigios, a la espera de que el Fisco ratifique que la base de cálculo del precio de la concesión se estime y pague sobre la base de ingresos brutos percibidos. Como contraprestación, la concesionaria ofreció desistir de la acción de restitución de multa.
En base a ello, el 28 de septiembre pasado el Consejo de Defensa del Estado aprobó la proposición de transacciones de ambas causas judicializadas (en el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas), bajo los siguientes términos: a) El Fisco aceptará que el precio del contrato de concesión para la administración y explotación de la Zona Franca se calcule sobre la base de los ingresos brutos anuales percibidos por la concesionaria, de manera que la suma de $ 157.800.791, ya pagada por el demandante, le será reintegrada mediante compensación con las sumas que, por su parte, deba pagar al Fisco en virtud de la ejecución de dicho contrato; b) La sociedad se desistirá de la demanda restitutoria de pago de multa y c) Cada parte soportará sus costas. Dicho acuerdo se materializará una vez aprobado por el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado, lo anterior soluciona el conflicto en materia de ambos juicios, en especial la diferencia interpretativa surgida en torno al precio de la concesión, lo que normaliza el funcionamiento de la Zona Franca y la ejecución del contrato. Además, deja a firme el pago de multas que ascienden a 3.300 UF, que fueron objeto de impugnación judicial.
El escrito del CDE al Ministerio de Hacienda señala, finalmente, que los términos propuestos concuerdan con lo resuelto por el intendente regional Jorge Flies en el preacuerdo suscrito con la sociedad demandante, protocolizado en abril, el cual fue adoptado conforme con las atribuciones que entrega el contrato de concesión y tomando como modelo lo establecido en el caso de la Zona Franca de Iquique, debido a su similar regulación.