Un
billón 462 mil millones de pesos sería la deuda que el Ejecutivo a
nivel central, mantiene con los diversos gobiernos regionales, por
concepto de la aplicación de la Ley Espejo del Transantiago, entre los
años 2012 a 2020.
Así
lo determinó un estudio realizado por el Gobierno Regional de
Magallanes y que sirvió de base a un requerimiento presentado por el
gobernador regional, Jorge Flies, con el respaldo de sus pares de todo
el país a la Contraloría General de la República, en noviembre pasado.
Cabe
recordar que la la Ley 20.378 creó en 2009 un subsidio al transporte
público nacional y las leyes de presupuesto de 2012 y 2013 incrementaron
los subsidios al Transantiago y se destinó una porción equivalente para
las regiones. En 2013, se creó el Fondo de Apoyo Regional (FAR) o
“Espejo” del Transantiago.
“Grave perjuicio”
El
requerimiento presentado a Contraloría denunció “el perjuicio en la
percepción de ingresos de que han sido víctimas los gobiernos regionales
y el consecuente menoscabo en el desarrollo social, cultural y
económico de sus territorios, mediante el impedimento de contar con los
recursos que legalmente le corresponden, ocasionado por la arbitrariedad
del Fisco en la asignación de los fondos de las leyes de presupuesto,
cifrando el perjuicio en un billón 462 mil 920 millones de pesos”.
Compra de títulos
El
documento cuestiona además el uso que el Fisco le ha dado a recursos
que le corresponderían a las regiones, a través del Fondo de Apoyo
Regional, instrumento que debía recibir los recursos de la mencionada
Ley Espejo.
“Para colmo, el Fisco está utilizando los recursos del Fondo de Apoyo
Regional (FAR), como recurso de inversión financiera que aporta a su
propio financiamiento, toda vez
que los ingresos del FAR son cubiertos con rescate o venta de valores,
como también los gastos del fondo son son sólo para las iniciativas que
la Ley 20.378 preceptúa, sino también
para la compra de títulos de valor, lo que significa que el aludido
fondo ha ido acumulando un saldo de, a lo menos, la diferencia entre las
compras y ventas de títulos de valor, sin considerar reajustes ni
intereses”, dice el requerimiento.
Requerimiento
El
requerimiento pide a la Contraloría que determine “si efectivamente, el
Fondo de Apoyo Regional ha sido constituido por la Dirección de
Presupuestos, considerando los ejercicios presupuestarios 2012 a 2020,
tal como dispone el artículo 4° transitorio de la Ley 20.378”.
También
solicita a la Contraloría pronunciarse sobre “si efectivamente los
recursos del Fondo de Apoyo Regional han sido entregados en su totalidad
por la Dirección de Presupuestos a los respectivos gobiernos
regionales, para ser destinados a sus programas de inversiones de las
leyes de presupuesto de cada anualidad, según la proporción y
oportunidad que el ordenamiento jurídico contempla”.
Podría ser más
Ayer,
el gobernador regional (s), Christian García, declaró que no se
descarta nuevas presentaciones ante la Contraloría, a raíz de esta
revisión de las cuentas nacionales y su impacto en los ingresos fiscales
de las regiones.