El presidente del Sindicato de los Asistentes de la Educación de Punta
Arenas, Javier Quintul, criticó la utilización política respecto del pago del
bono de Zonas Extremas a personal de la Corporación Municipal de Punta Arenas
(Cormupa), el que fue sancionado en sesión municipal pero gestionado por la
directiva de ese gremio.
Quintul quien en contacto con Pingüino Multimedia manifestó que ese
gremio a través de su mesa directiva se reunió en Santiago, con la encargada
del pago del bono de zonas extremas de la Subdere, Sara Leiva, quien informó al
sindicalista que el atraso en la cancelación del beneficio se debió a un
dictamen de la Contraloría, el cual determinaba una fórmula distinta en el
cálculo de los montos. Por lo cual, Quintul y los dirigentes que representan a
537 asistentes de la educacion en Punta Arenas realizaron una serie de
encuentros para poder activar el pago del bono en cuestión.
Ello incluyó conversaciones con la encargada de Recursos Humanos de la
Corporación Municipal de Punta Arenas, Marcela Bargetho, quien el 5 de abril,
informó a Quintul que los montos estaban disponibles para ser traspasados a los
trabajadores.
Por ello, a Quintul le ocasionaron molestia ciertos comentarios de
concejales y cercanos a la administración municipal actual que se arrogaron el
crédito de gestión, siendo que por un trámite administrativo los concejales
deben aprobar los montos, pero la tramitación del mismo se efectuó gracias al
trabajo de los sindicalistas y no del alcalde ni de los concejales, dijo.
“Me parece mal, me parece que en el fondo es reírse en la cara de los
que menos tenemos. Siempre hemos sido los parientes pobres de la educación.
Nosotros hemos sido los primeros que hemos realizado las gestiones para que nos
paguen, porque estoy seguro de que si nosotros no hubiéramos hecho esa gestión
no nos pagan”, dijo.
La Subdere traspasó a la Corporación Municipal unos $ 216 millones
para cancelar el beneficio, el 5 de abril.
El bono sufrió una rebaja durante el año pasado de unos $ 11.000 y se
cobra en forma trimestral, alcanzando una suma cercana a los $ 300.000.
Los asistentes de la educación esperaban que el bono sea cancelado en
la remuneración de marzo, situación que no pudo ser concretada.