Tres de los más importantes gremios empresariales del sector productivo nacional hicieron sonar las alarmas luego de que se conociera el inicio del programa de cierre de la empresa carbonífera Mina Invierno, lo que podría concretarse en noviembre, si se mantienen las actuales condiciones judiciales impuestas por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.
Al respecto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, manifestó que “se trata de un hecho que daña gravemente la confianza en la institucionalidad y el clima para el desarrollo de negocios. Aquí se está dañando el marco normativo medioambiental al afectar los actos administrativos emanados de otros organismos pertinentes y echar por la borda recursos tanto privados como públicos y años de tramitaciones para los permisos”.
Asimismo, Hernández agregó que “la decisión del Tribunal Ambiental levanta una alerta en la minería nacional, no solo por la falta de fundamento jurídico, sino porque el impedimento de realizar tronaduras, en la práctica, implica el fin de la actividad minera”.
En esa misma línea, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, aclaró que “no es que estemos subiendo los estándares ambientales, sino que simplemente hay una impredecibilidad que hace muy difícil tomar decisiones de inversiones, esto es una demostración más de ello y de lo importante que es modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.
Además, el líder de los industriales dirigió sus dardos a quienes aseguran que la faena minera en Magallanes es incongruente con el plan de descarbonización impulsado por el Gobierno, aunque esto solo se hará realidad en al menos 20 años más, por lo que el mineral igual se seguirá ocupando y habrá que importarlo. “Y demuestra una gran contradicción que muchas veces tienen quienes promueven con frases simplistas y consignas cosas como que no se siga produciendo carbón en una faena como Mina Invierno”, subrayó.
En tanto, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, enfatizó que “es tremendamente preocupante que los antecedentes técnicos y científicos que le permitieron obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) no estén siendo considerados y se dañe así gravemente la confianza de la institucionalidad y la certeza jurídica”.
Swett concluyó que “esperamos que el tribunal se pronuncie lo más pronto posible tomando en consideración todos los antecedentes técnicos, poniendo fin a esta injusta situación”.