(Por : Edmundo Rosinelli)
El bi-seremi de Hacienda y Economía, Cristian García, confirmó a Pingüino Radio la caducidad de 88 contratos a empresas acogidas a los beneficios de la Ley Navarino.
Esto se inserta en el marco de la investigación que en mayo del año pasado ordenó el intendente Jorge Flies, luego de enterarse de supuestas irregularidades. Tiempo después, a fines de noviembre de 2016, la misma autoridad realizó la denuncia a la fiscalía de Punta Arenas, por estimar una defraudación que hasta el momento alcanzaría los 4 mil millones de pesos.
“Detectamos algo extraño y eso hay que investigarlo. Por ejemplo, lo extraño es que tenemos muchas empresas en un cantidad delimitada de establecimientos, siendo que la lógica dice que por cada una de ellas debiera haber una, pero lo extraño es que tenemos 49 empresas que indicaron su domicilio en 17 direcciones y no en 49. Esto significa que habría concentración de varias empresas en un solo domicilio o en más de uno. Hay un caso en que tenemos siete empresas que solicitaron los beneficios en un solo domicilio”.
El Consejo de Defensa del Estado también está colaborando con la investigación. Además se encuentran en marcha los procesos indagatorios que llevan adelante servicios como Impuestos Internos o Tesorería.
“Lo que está haciendo ahora el intendente es llevar procesos administrativos en contra de cada una de las empresas para determinar si efectivamente cumplen los supuestos legales bajo los cuales se acogieron a los beneficios de la Ley Navarino, y eso tiene que ver con revisar cada uno de los los contratos”, dijo García.
Actualmente se investigan alrededor de 4 mil millones de pesos que se cobraron en forma irregular, cifra que podría ampliarse.
Es más, “del universo de 199 empresas que han solicitado los beneficios de la Ley Navarino, determinamos la caducidad de 88 contratos en esta primera etapa, porque no estaban funcionando en los términos que estaban planteados en el contrato y por lo tanto corresponde caducar”, agregó.
“Hay otras 40 empresas adicionales en las cuales estamos en este proceso de revisión administrativa para saber si están cumpliendo con los requisitos con los que se le entregó la normativa, como estar instalado en el territorio, en el lugar físico que se les encomendó, cumplimiendo la normativa medioambiental y que sean empresas o industrias que ejerzan una actividad real”.
Diputado Boric
De “máxima gravedad” calificó el diputado Gabriel Boric el eventual fraude por incumplimiento de la Ley Navarino que arrojó la investigación de la intendencia de Magallanes, en que están involucradas unas 200 empresas y que habrían obtenido un total de 4 mil millones de pesos en concepto de beneficios tributarios y aduaneros por estar domiciliadas en las islas de Tierra del Fuego y Navarino.
Para solicitar antecedentes sobre el tema y el funcionamiento de las Leyes de Excepción en la región, el parlamentario se reunió con el biseremi de Economía y Hacienda Christian García, quién le informó que la revisión hecha por la autoridad regional se remonta a los últimos seis años y demostró que algunas de las empresas pusieron como domicilio sitios eriazos, habiendo varias de ellas que tenían el mismo terreno como dirección oficial.
“Es impresentable”
“Resulta impresentable que durante años se perdieran anualmente recursos equivalentes a la mitad del presupuesto regional y las anteriores administraciones no lo hayan detectado”, declaró Boric, quien manifestó su intención de invitar al intendente Jorge Flies y a García a la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados para que expongan sobre los resultados de la investigación. “Vamos a apoyar decididamente toda iniciativa fiscalizadora para el beneficio de Magallanes”, agregó.
Para el parlamentario, el funcionamiento de las Leyes de Excepción es un tema que requiere de un profunda evaluación. “Estos instrumentos legales fueron hechos para generar incentivos que impulsen el desarrollo de la región. Cientos de empresas se han beneficiado de esta legislación pero según la investigación solo cinco empresas acogidas a estas leyes están generando trabajo ahora en Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. ¿Qué ha pasado? Hay mucho que escarbar aquí. Desde nuestra diputación trabajaremos firmemente para esclarecer este asunto en uso de nuestras facultades de fiscalización y por sobre todo para mejorar la ley, para que esto no vuelva a suceder y crear una legislación que efectivamente impulse el desarrollo de Magallanes”, concluyó.