En el centro de la polémica está el dictamen N° 79.250 de la
Contraloría General de la República, que firmó el contralor Ramiro Mendoza
Zúñiga. En el documento, de tres páginas, el jefe del órgano fiscalizador
respondió a la pregunta de si el Consejo Regional de Magallanes (CORE) tiene
atribuciones para fiscalizar el cumplimiento del contrato de concesión de la
administración de la Zona Franca de Punta Arenas, que opera la empresa Sociedad
de Rentas Inmobiliarias (SRI) y que es cuestionado por los usuarios del recinto
-agrupados en la Cámara Franca A.G.- y por el consejero regional Alejandro
Kusanovic.
El pronunciamiento del ente fiscalizador llega después de
que SRI le consultara si el CORE -que creó una comisión especial de seguimiento
en diciembre de 2013- tiene facultades para fiscalizar el cumplimiento del
contrato.
La respuesta es larga. En ella, Mendoza expone que “al
Consejo Regional, (…) le compete velar
porque se incorporen al patrimonio de este último los recursos que le
corresponde percibir por el contrato de concesión de la Zona Franca”, por lo
que deja entrever facultades de control.
No obstante, más adelante, el documento señala que “el rol
que le compete al CORE respecto de los recursos de la especie, no se opone al
que debe cumplir la referida Comisión de Control y Seguimiento (que lidera la
Seremi de Hacienda) pues esta última fiscaliza el cumplimiento de las
obligaciones que han asumido las partes en el contrato de concesión (…), lo
que es ajeno a la función del consejo”.
Por ello, la opinión del órgano fiscalizador dio para nuevas
polémicas entre la Cámara Franca, Kusanovic y Hacienda.
“Yo mantengo que el CORE no tiene atribuciones para
fiscalizar el contrato; ellos tienen funciones sobre los dineros”, dijo el
seremi Christian García. “Como cualquier otro ciudadano, pueden solicitar
información sobre los montos que ingresan a la intendencia por ese contrato,
pero no tienen un rol fiscalizador del mismo”.
De otra manera lo
entendió el presidente de la Cámara Franca, Marcelo Muñoz, quien aseguró que el
dictamen del órgano contralor desautorizó tanto la posición de la empresa
concesionaria, Sociedad Rentas Inmobiliarias (SRI) como la del seremi de
Hacienda, Christian García, “quien en forma inaudita, respaldó la tesis de SRI
en el sentido de que el CORE no tenía facultad de analizar si los recursos de
la concesión le habían sido o no entregados correctamente al Gobierno
Regional”, criticó.
Por su parte, Kusanovic
informó que en la próxima sesión solicitará que se cite a declarar a García.
Sus declaraciones, dijo, “dejan en evidencia la prepotencia y lo aventuradas de
las actuaciones y las declaraciones de este personero en el ejercicio de sus
funciones, le solicito un gesto de humildad y pida disculpas al Consejo
Regional por denostarlo en sus atribuciones”.
Al respecto, García sostuvo
que “yo he respondido oficios del CORE y he manifestado que estoy disponible
para asistir, pero nunca me han citado”.