El problema detectado por las autoridades regionales, podría explicarse así.
En los archivos oficiales, figuran 49 contratos firmados por empresas particulares con el Estado de Chile para acogerse a los beneficios tributarios de la llamada Ley Navarino. Sin embargo, al fiscalizar la documentación, se encontraron con sólo 17 domicilios. La diferencia entre contratos y domicilios se explicaba porque en muchos casos, dos o tres empresas presentaban un mismo domicilio. Asimismo, al fiscalizar en terreno la situación, se detectó que en muchos casos, sólo había sitios eriazos y, peor aún, ninguna empresa se había instalado en la zona que debía beneficiarse con esta legislación, esto es las provincias de Tierra del Fuego y Antártica chilena.
Tesorero
Al respecto, el tesorero General de la República, Hernán Frigolett, manifestó ayer en Punta Arenas que “ésta es una señal para que las empresas que utilizan beneficios fiscales, sean más más cuidadosas, pues el hecho de recibir el beneficio no les exime de ser fiscalizadas y que tengan que reintegrar esos fondos”.
Afirmó que en este caso, “Tenemos antecedentes que están en la misma dirección, para empresas de determinadas características y ubicadas en un sitio eriazo, por lo que resulta imposible que hubiera ahí una actividad que permitiera obtener la bonificación”, comentó.
Agregó que la Tesorería tiene la atribución de realizar fiscalizaciones retroactivas de hasta 12 años.
Seremi
Al respecto, el seremi de Hacienda y Economía, Christian García, explicó que la fiscalización de la Ley Navarino está radicada por ley en el intendente de Magallanes. Por ello, el intendente determinó crear una comisión especial para revisar el funcionamiento de esta ley, producto de lo cual surgió la denuncia ayer conocida.
“Nos dimos cuenta que en la práctica, esta ley no había sido fiscalizada y, por ello, al constatar estas falencias en los contratos, realizamos inspecciones en terreno que arrojaron el hecho que no había inversión realizada y que, en muchos casos, sólo había sitios eriazos”, manifestó la autoridad regional.
Es por ello, que la documentación fue derivada por el intendente a los entes fiscalizadores correspondiente, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).