Un
informe publicado por la Contraloría General de la República ha
generado alarma al evidenciar irregularidades en el uso de licencias
médicas en el sector público. Según el estudio, más de 25.000
funcionarios públicos y trabajadores de entidades financiadas con
recursos estatales viajaron fuera del país mientras estaban en periodo
de reposo, lo que contraviene la normativa vigente.
El
análisis, basado en datos proporcionados por la Policía de
Investigaciones de Chile (PDI), reporta un total de 59.575 registros de
entradas y salidas del país en el mismo período en que los funcionarios
se encontraban con licencia médica. Del total de permisos, el 69% fueron
emitidos por el sistema público de salud (Fonasa), mientras que el 31%
corresponden a afiliados de distintas isapres, con un periodo promedio
de reposo de 17,7 días.
Regiones con mayor incidencia
El
informe detalla la distribución geográfica del fenómeno. Aquí, la
Región Metropolitana lidera con 26.032 registros de entradas y salidas
(43,7% del total), seguida de Arica y Parinacota con 10.043 movimientos
(16,9%).
El tercer lugar corresponde a la Región de Magallanes, con 5.980 casos (10,0%).
Además,
se identificó un grupo de funcionarios con un volumen significativo de
viajes: 125 trabajadores realizaron entre 16 y 30 viajes internacionales, mientras que 51 funcionarios superaron los 31 movimientos fuera del país en el mismo período.
Fuerte impacto en Magallanes
En
la Región de Magallanes la detección de estos casos ha generado gran
preocupación, especialmente en la administración municipal de Punta
Arenas y Natales, donde varios funcionarios -principalmente de las
corporaciones- aparecen en el informe con registros de viajes en periodo
de reposo médico.
El
alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, puso énfasis en el contexto
del informe y en la necesidad de aclarar los datos: “Este informe de
Contraloría nos ha sorprendido a todos y es importante destacar que
corresponde a los años 2023 y parte de 2024. En ese tiempo, teníamos los
colegios a nuestro cargo, lo que significaba cerca de mil profesores,
más de 700 asistentes, funcionarios de salud y personal administrativo.
En ese sentido, la responsabilidad es del trabajador que eventualmente
hizo un uso indebido de un instrumento vinculado con la salud pública y
el derecho laboral”.
Además,
destacó el impacto económico que estos casos pueden representar para
las arcas municipales: “Claramente hay un perjuicio económico, porque
estos seguros los paga el Estado y los primeros días el empleador. No
descartamos presentar acciones judiciales una vez que tengamos
información más detallada. Esos tres días que la municipalidad paga son
dineros de todos los puntarenenses y debemos actuar con transparencia y
responsabilidad”, puntualizó.
Por
su parte, la alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, señaló que su
administración está gestionando la solicitud de antecedentes con
Contraloría para determinar el alcance del problema y tomar medidas.
“Estamos solicitando antecedentes a Contraloría para conocer en detalle
la nómina de funcionarios involucrados, verificar si hubo
irregularidades y proceder con una investigación interna. No podemos
tomar decisiones sin información clara y precisa, por lo que esperamos
contar con estos datos pronto”, enfatizó la jefa municipal.
Reacciones del Gobierno y medidas en curso
Desde
la Delegación Presidencial de Magallanes el seremi de Gobierno, Andro
Mimica, condenó el mal uso de licencias médicas y destacó las medidas
adoptadas por la administración del Presidente Gabriel Boric para
fortalecer la fiscalización de estos permisos. “Este Gobierno ha
abordado esta problemática con líneas de acción concretas. A través del
Compin hemos realizado denuncias al Ministerio Público por licencias
falsas, doble empleador y salidas del país. Además, hemos iniciado
sumarios en distintas instituciones y rechazado todas las licencias
médicas asociadas a estos funcionarios”, aseguró.
Asimismo,
señaló la reciente modificación a la Ley 20.585, que busca fortalecer
la fiscalización de licencias médicas y endurecer las sanciones para los
prestadores que las otorguen de manera irregular. “Nuestro objetivo es
garantizar el acceso a la salud, el reposo médico justificado y
verificar el correcto uso de este esencial beneficio de la seguridad
social”, concluyó.
El rechazo de la ANEF
Desde
la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la presidenta
regional de Magallanes, Evelyn Córdova, rechazó el uso indebido de
licencias médicas pero advirtió sobre la necesidad de analizar el
informe de Contraloría con mayor profundidad para evitar
generalizaciones que afecten a los trabajadores públicos.
“El
informe emitido por Contraloría presenta hechos graves que no deben
desconocerse. Sin embargo, nos preocupa que se intente instrumentalizar
estos casos en contra de los trabajadores del Estado, realizando juicios
de valor en base a números sin un contexto claro”, indicó, para
asegurar que la gran mayoría de los trabajadores cumple con sus
funciones de manera íntegra. “Nuestra Confederación rechaza
categóricamente el uso indebido de licencias médicas, ya que estas
constituyen una protección laboral que debe ser cuidada y respetada. Sin
embargo, es importante señalar que la gran mayoría de los trabajadores
cumple con sus funciones correctamente, muchas veces enfrentando falta
de presupuesto e inestabilidad laboral”, enfatizó.
La
dirigente también reafirmó el compromiso de la ANEF en colaborar con el
Gobierno en mesas de trabajo destinadas a mejorar la gestión del
ausentismo laboral: “Desde diciembre de 2024, junto con la Mesa del
Sector Público (MSP), hemos asumido el desafío de crear una nueva forma
de gobernanza para abordar el ausentismo laboral. Se están estableciendo
mesas ministeriales con la participación de las autoridades respectivas
y las organizaciones sindicales, para buscar soluciones concretas a
esta problemática”, destacó.