El
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Penal
Pública (DPP) interpusieron sus respectivos recursos de amparo a favor
de Jorge Vivar Vivar, un reo que habría estado engrillado durante una
semana en la unidad de psiquiátrica del Complejo Penitenciario de Punta
Arenas.
Aunque
es paciente psiquiátrico, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas
resolvió el traslado del interno a la cárcel pública de Puerto Montt. La
Defensoría solicita en su recurso que se decrete la ilegalidad de esa
resolución, mientras que el INDH pide que Gendarmería actúe de acuerdo a
los protocolos que establece la ley.
El caso
El
interno ingresó a la unidad de psiquiátrica de la cárcel luego de tres
intentos de suicidios registrados en mayo. Según el amparo del INDH, el 9
de mayo le aplicaron los grilletes en sus cuatro extremidades y lo
sujetaron a su camarote.
“Se
las aplicaron día y noche, sin sacárselas ni siquiera para comer o ir
al baño, por lo que requería del apoyo de alguno de sus compañeros.
Durante la noche, al quedar amarrado al camarote, no podía hacer nada
con los ratones que se subían por su cuerpo. Tampoco podía moverse ni
para taparse o ir al baño”, dice el recurso.
A
través de un oficio, Gendarmería le solicitó al Juzgado de Garantía que
se dispusiesen los exámenes para determinar el estado de salud mental
del reo. La situación fue discutida el 16 de mayo, pero la audiencia
devino en una discusión sobre el traslado de región para que se
practicasen las pericias.
Finalmente,
el juez Ricardo Larenas autorizó el cambio de recinto penitenciario
para “indagar con mayores y mejores antecedentes la existencia o no de
alguna enajenación mental”.
De
acuerdo a la Defensoría, el traslado se resolvió “de manera arbitraria,
mediante oficio, para que sea allá donde se le realicen los exámenes y
evaluaciones respectivas (que bien podrían realizarse en la ciudad de
Punta Arenas).
También
acusan que se resolvió “sin considerar la vulnerabilidad emocional del
interno, quien como se ha señalado anteriormente estuvo sometido durante
varios días a la aplicación de medidas mecánicas de sujeción corta
durante todo el día y al menos durante siete días, sin un acompañamiento
terapéutico profesional”.
Solicitudes
Los dos recursos ingresaron a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. La Defensoría solicita que quede
sin efecto el traslado que se resolvió en primera instancia, mientras
que el INDH pide que “se declaren infringidos los derechos
constitucionales a la libertad personal y a la seguridad individual”.
En específico, el instituto solicita que la Corte imparta instrucciones a Gendarmería para que se regule la normativa en casos de contención física a pacientes psiquiátricos.
Se
impartan instrucciones a Gendarmería, a fin de que tanto sus protocolos
de actuación como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las
leyes, que se regulen por la normativa técnica existente para casos de
contención física en pacientes psiquiátricos, que establece los
estándares necesarios para garantizar el respeto a la dignidad humana y
la seguridad del paciente y de terceros.