Debido a que el principio de ejecución
del eventual fraude al interior de Carabineros tendría su origen en Santiago, el
tribunal de Punta Arenas acogió la solicitud del Ministerio Público para que la
causa sea conocida y tramitada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Los magistrados acogieron la petición
del fiscal regional Eugenio Campos, y declinaron competencia en la causa
abierta en contra de 17 miembros de Carabineros, imputados por los delitos de
lavado de activos, fraude al fisco y negociación
incompatible.
Por lo tanto, y en consecuencia, “este
juzgado se declara incompetente para seguir conociendo del presente proceso
penal, disponiéndose la remisión de los antecedentes y registros hasta ahora
producidos en la presente causa al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago,
tribunal que, al tenor de lo razonado, resulta ser el competente para seguir
interviniendo en este proceso”.
Retraso
Nuestro medio asociado, Biobiochile,
informa en su portal que toda esta situación generará un retraso en el accionar
de la fiscalía. Lo anterior, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago
recibiera en las últimas horas un requerimiento de parte de la defensa de los
carabineros involucrados, en la que se pide que reconozca su competencia.
“Para concretar dicha acción, el
tribunal fijó recién para el 25 de abril la revisión sobre su competencia en la
causa. Por lo tanto, los fiscales no podrán formalizar a los carabineros
implicados hasta esa fecha”.
“El abogado defensor y ex fiscal
Alejandro Peña, que representa los intereses del Teniente Coronel (r) Mauricio
Saldaña y al Capitán (r) Sergio Collao, explicó las limitaciones que se levantaron
para el Ministerio Público a raíz de este hecho: “No se puede formalizar la investigación
hasta que el Séptimo Juzgado de Garantía no acepte la competencia. Salvo casos
urgentes que podrá decretar Punta Arenas, que aún está como titular de la causa.
Pero lo que es formalizar y la presentación de cargos, como no es algo urgente,
tendrá que esperar hasta que el Séptimo acepte la competencia“, recalcó.
Lo anterior, ya que el artículo 157
de la Ley Orgánica de Tribunales como el código 62 del Código Procesal Penal
son claros en explicar lo que ocurre ante un conflicto de competencias. En
ellos se establece que la Fiscalía sólo podrá pedir autorizaciones ligadas a la
investigación que sean consideradas urgentes, no así la detención de los
futuros formalizados.
En este escenario, la situación
puede ser perjudicial para la investigación del Ministerio Público, debido a la
oportunidad que podrían tener los investigados de coordinar un relato común que
dificulte aún más el
trabajo de los persecutores. Incluso, podrían salir del país.
Eso si, por otra parte, la Fiscalía
tiene la facultad de levantar una orden directamente a la Interpol para que no
deje salir o, al menos, se levante una alerta si es que alguna de estas personas
intenta abandonar el país por los pasos habilitados.
De todas maneras, de momento, es el
persecutor Eugenio Campos quien sigue al mando de la investigación.