“Esta
ley implica efectivamente un avance en materia de violencia
intrafamiliar y de género, porque otorga a la judicatura de familia una
herramienta que nos permite velar de manera más efectiva por la
seguridad de las víctimas”, comentó Óscar Graf, coordinador del Consejo
Técnico de Magallanes.
Para
que los jueces ordenen la instalación de tobillera, la pieza clave será
la pauta de valoración de riesgo, documento que utilizan tanto los
juzgados como el Ministerio Público y las policías.
“Se
trata de un cuestionario con 29 preguntas que pretende aproximarse a
las principales dimensiones de riesgo para la víctima, tales como
características del delito denunciado, características del agresor,
antecedentes históricos de violencia, características de la víctima,
percepción de riesgo y antecedentes penales”, explicó Graf, quien agregó
que la denunciante deberá usar un aparato similar a un celular que
permita la geolocalización entre ella y su agresor.
La
ley está operativa desde el lunes pasado. Para su adecuada
implementación se han capacitado jueces, administradores, consejeros
técnicos y funcionarios de los tribunales de Familia, al igual que
jurisdicciones de todo el país. Asimismo, se modificó el sistema
informático de tramitación de causas para incorporar esta medida.
“Se
ha procurado dar las herramientas necesarias tanto a los consejeros
técnicos –quienes son los encargados de los procesos de admisibilidad y
recepción de denuncias en materia de violencia intrafamiliar– como a los
funcionarios de los tribunales, a fin de poder ejecutar esta ley de la
mejor manera posible, y probablemente, durante su implementación,
existirán nuevos requerimientos de capacitación con el propósito de
optimizar los procesos”, destacó Graf.