“El
proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) ya es Ley de la
República; hito que quizás constituye uno de las reformas más
importantes en el último tiempo en materia previsional, desde los
tiempos de Michelle Bachelet, y que busca, precisamente, universalizar
las jubilaciones de los chilenos”, dijo ayer a este medio Catalina
Maluk, directora de la Escuela de Negocios de la UCEN.
“La
memoria es frágil, pero fueron años de una profunda discusión que
incluyó la formación de comisiones y una serie de estudios y análisis
que, por momentos, parecían mantener todo estancado, hasta que
finalmente se arribó a esta iniciativa que, por cierto, tampoco estuvo
exenta de vaivenes y desacuerdos”, declaró.
En
términos simples, la PGU consiste en 185 mil pesos, complementarios al
ahorro previsional individual, que se pagará a los jubilados de 65 años o
más, ya sea que estén pensionados o que sigan trabajando y cuya pensión
base o autofinanciada, sea equivalente o no exceda los 630 mil pesos.
La cobertura llegaría al 90% más vulnerable, o sea,a casi 2,3 millones
de personas.
“Esto,
sin duda que es un gran avance. Hay consenso en que la dirección es la
correcta, pero aún deja en evidencia, entre otras cosas, la necesidad de
contar con un sistema de seguridad social que vaya más allá de la
capitalización individual. La mayoría de las discusiones que
antecedieron por años a esta iniciativa concluyeron con seriedad, al
menos dos cuestiones fundamentales: un sistema mixto y el reforzamiento
del pilar solidario. Es este último aspecto es, precisamente, el que
debe seguir potenciándose y que será tarea del próximo gobierno”.
La
Pensión Garantizada Universal (PGU), proyecto de ley recientemente
aprobado, es un beneficio no contributivo, que será pagado mensualmente
por el Instituto de Previsión Social (IPS), al que podrán acceder las
personas que reúnan los requisitos, se encuentren o no cotizando o
siendo beneficiarias de un régimen previsional.
El monto de este beneficio ascenderá a un máximo de $185.000.
Todas aquellas personas que tengan una pensión base menor o igual a $630.000 recibirán el monto máximo, $185.000.
En tanto, quienes tengan una pensión base mayor a $630.000 y menor a $1.000.000, el monto irá disminuyendo progresivamente.
Durante
los primeros tres meses de vigencia de la ley, el beneficio será pagado
por las actuales entidades pagadoras de pensión que hoy realizan el
pago del Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV); a partir del
cuarto mes, será pagado por el IPS a través de su red de pago.
Un
aspecto importante es que la pensión base es la pensión inicial
calculada por el IPS con datos aportados por las AFP más otras pensiones
que una persona pudiese estar recibiendo.