La semana pasada, la
secretaria general de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Cristina Susi
declaró ante efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), por espacio de
dos horas y media, luego de la instrucción entregada por el fiscal Felipe
Aguirre en la causa en la que investiga si existió malversación de fondos.
La denuncia fue realizada
por el presidente del Sindicato de los Asistentes de la Educación de Punta
Arenas, Javier Quintul, quien solicitó al Ministerio Público investigue el
destino de los fondos de los trabajadores de Cormupa, a quienes se les descontó
importes por las cotizaciones previsionales y créditos que nunca fueron pagados
en los tiempos estipulados.
La causa se inició el 27 de
diciembre de 2015, tras la decisión de estos trabajadores que se hicieron parte
ante la Corte de Apelaciones, de un recurso en el que esperaban que se mantenga
la retención de la subvención realizada por el Ministerio de Educación, ante el
incumplimiento de los pagos realizados por la gestión del alcalde Emilio
Boccazzi.
En esa oportunidad, la
Corte de Apelaciones no le dio la razón a la máxima autoridad comunal, quien se
querelló contra la subsecretaria de Educación Valentina Quiroga y la seremi de
la misma cartera, Margarita Makuc, pretendiendo que se liberen los fondos que
ascendían a
$ 382 millones.
Es allí cuando los
asistentes de la educación, que sindicalizados suman los 537, pero que en total
son 650 distribuidos en distintos establecimientos educacionales que administra
la Cormupa, se hacen parte de la judicialización y solicitan a la Corte de
Apelaciones, durante enero, que remita al Ministerio Público los antecedentes
para que se investigue el delito de apropiación indebida por parte de la
Corporación Municipal (Cormupa), por el no cumplimiento del pago de las
cotizaciones y préstamos de sus funcionarios a la Coopeuch y Caja de
Compensación La Araucana.
Es así como la Corte de
Apelaciones con fecha 6 de enero, rechazó la orden de no innovar presentada por
Boccazzi para destrabar los $ 382 millones retenidos por Educación, y no dio
razón a la tesis del equipo jurídico de la Cormupa que insistía en que el
“sitio” de los recursos públicos, habían sido arbitrarios e ilegales.
La denuncia realizada
compromete aún más a la actual gestión de Boccazzi, pues la justicia busca
determinar qué pasó con los dineros descontados desde los sueldos de miles de
trabajadores de Cormupa y que finalmente se ocuparon en otros fines, menos para
el pago de los derechos sociales.
Otros
Esta no es la única
investigación que la Fiscalía lleva adelante, y que no sólo pone nerviosos a quienes
tienen que declarar, sino que pone en jaque la administración de Emilio
Boccazzi quien tiene aspiraciones de reelección, pese a las constantes
acusaciones de faltas a la probidad y transparencia realizada por los
concejales de Punta Arenas.
Luego que en 2014, la
Contraloría realizara una investigación ante una denuncia anónima que acusaba
presuntos delitos en el manejo y contratación de Agencias Técnicas de
Educación, cuyos servicios con Cormupa llegaron en los últimos años, al pago de
más de $ 500 millones, el ente contralor, realizó sus observaciones y decidió
hacer parte de la investigación al Ministerio Público, por entender que
existían hechos que podrían ser constitutivos de delitos.
En esa causa, la
investigación llevada adelante por el fiscal Felipe Aguirre, ha requerido la
declaración de directores de escuelas y funcionarios así como profesionales que
han sido desvinculados de Cormupa, quienes habrían atestiguado sobre presiones
indebidas para suscribir contratos entre los colegios que dirigen y las ATES,
cuyo programa de capacitación estaba a cargo del asesor Gonzalo Pumarino, quien
dejó la Corporación Municipal de Punta Arenas, luego de negociar su salida con
el alcalde Boccazzi.
Así mismo, la Fiscalía
investiga el robo de dos computadores desde oficinas de la Corporación
Municipal, las cuales contaban con información relevante del caso llevado
adelante por las cuestionadas contrataciones con las ATES.
Juicios y más juicios
Tema aparte es la extremada
judicialización de la cual es objeto la Cormupa, referente a los despidos de
funcionarios de la administración central como así de los distintos
establecimientos de la educación y de la salud.
Las desvinculaciones se han
realizado, muchas de ellas, con alegaciones de persecuciones políticas y abuso
de poder, y en la mayoría a pesar de que la casi totalidad de los casos han
sido juicios ganados, Cormupa ha dilatado las acciones, encabezadas por la
abogada Patricia Jara, para retrasar los pagos y dilatar las obligaciones que
conllevaron la decisión del despido.
En ese caso, está la ex
administradora de la piscina municipal, cercana al ex alcalde Vladimiro Mimica,
Katherine Barrientos, además de la ex jefa de control de Cormupa, Eliana
Astorga, quien alegó persecución en su contra por parte del asesor Domingo
Rubilar, tras conocer este que la hermana de la funcionaria, adhería a la
campaña de Gabriel Boric y no a la campaña del candidato por el PPD.
Barrientos incluso fue
desvinculada estando embarazada de cuatro meses y en una polémica que incluía
acusaciones de presunto mal manejo de parte del administrador Claudio Flores.
Ambas están a la espera de
que Cormupa cumpla con las sentencias entregadas por los tribunales, y que se
cancelen los montos por las indemnizaciones exigidas.