Esta
semana se informó que la nueva defensora regional de Magallanes será
Verónica Reyes Cea, quien asumirá el cargo a partir del 1 de marzo.
Tras
su presentación la nueva defensora fue entrevistada por Pingüino
Multimedia en donde abordó diversos temas que muchas veces la comunidad
le critica a los defensores, tales como el resguardo de nombres,
direcciones o presentaciones para anular juicios o apelaciones a ciertos
ordenes emitidas por los magistrados.
–
El trabajo del defensor puede ser algo polémica a ojos de la opinión
pública, incomprendida quizás, ¿podría comentar un poco la importancia
de esta labor en nuestro sistema judicial?
“Lo
importante a entender es que nosotros defendemos personas, más allá de
la calidad jurídica que en algún momento puedan tener. Es importante es
entender que todos tienen derechos, dignidad y que así deben ser
tratados.
Nosotros
peleamos por personas que están en un momento determinado, imputadas
por algún delito, sean culpables o inocentes. Esto es para todas las
personas, más allá de esa condición, tienen derecho a una defensa, se
deben respetar sus derechos y garantías, esa es la labor básica del
defensor.
En
ese entendido, nosotros tratamos de ser sumamente respetuosos con todos,
no atacar ni nada por el estilo, muy por el contrario, nos interesa
proteger a la persona que defendemos. Nuestra función es hacer que los
derechos del imputado y sus garantías, sean respetados por las
instituciones, por el Estado y por la prensa. Sé que es una labor que
muchas veces no es comprendida, catalogada en varias ocasiones como que
nosotros solamente defendemos delincuentes, pero la verdad esa es una
circunstancia de la vida, del trabajo, es un hecho puntual. Una persona
puede o no haber cometido un delito y ser imputado, al igual que
formalizado eventualmente, más allá de que si es inocente o no. En este
contexto, las personas siempre merecen respeto, que se les considere de
forma digna y esa es la labor del defensor, pero para mí igual lo es
para todos los abogados egresados, al menos así lo creo yo.”
–
Muchas veces las personas critican el hecho de que no se den los
nombres u otros detalles para identificar a quienes cometen crímenes,
sin embargo, existe la presunción de inocencia, ¿podría comentar un poco
lo importante que puede llegar a ser esto para las personas que pasan
por un proceso judicial?
“En
efecto. Nosotros llevamos a cabo lo que se denomina como el proyecto
‘inocentes’, se llama así porque hay veces que las personas son llevadas
a la Justicia, son privadas de su libertad, pero luego se sabe que no
cometieron delito alguno. En ese contexto, las personas cuando su nombre
o imagen es publicitada a nivel regional o nacional, ello implica
una afectación a su dignidad y a la presunción de inocencia. Las
personas en general no entienden estas sutilezas del sistema, que dan
cuenta de que precisamente una formalización no es una condena, es una
imputación de cargos. En un principio en la reforma estaba considerado
como una garantía, ¿en qué términos? A partir de la formalización una
sabía sobre qué hechos se debía defenderse, es decir, me formalizan por
hurto pero ello no significa que fuera culpable, no existe una
presunción de culpabilidad en relación a ese delito específico, sino que
era considerado una garantía en términos de que a partir de ahí yo
sabía que se me acusaba de un delito X, momento X, por tales y cuáles
circunstancias. En ese contexto yo podía, primero, buscar pruebas que
fueran en contra y se sostuviera que no era real lo que se sostenía en
la formalización, sin embargo, con el pasar del tiempo más que una
situación de garantía por el proceso penal nuevo, hoy en día es casi una
presunción de culpabilidad donde la persona que es formalizada es
considerada desde ya culpable.
En
ese entendido y teniendo esa perspectiva, el daño que se le puede
ejercer no solamente a la persona, sino también a la familia, termina
siendo muy brutal. Por eso nosotros en general pedimos que se establezca
esta limitación de información, no estamos diciendo que no se relaten
los hechos, estamos diciendo que se proteja la identidad para efectos de
precaver mayores daños a la honra e integridad del imputado y sus
familiares.
Es
necesario indicar que a veces el imputado es familiar de la víctima,
entonces si usted da datos del imputado, termina dando datos de la
víctima. Entonces eso también es algo que avala lo que digo, no es por
capricho, es una cuestión de ejercer la labor, en donde se respeten los
derechos de las personas que son imputadas por un delito”.
–
Existen diferentes medidas cautelares y por diversas situaciones, no
siempre se pueden cumplir o se necesita de una excepción, considerando
que todo esto se vive con un defensor público, ¿qué tan importante es
que se mantenga el contacto con ellos?
“Una
de las medidas cautelares es el arraigo, el cual tiene diferentes
niveles. En algunas ocasiones a quienes se les decreta esto, necesitan
viajar, lo cual pueden
hacer porque la ley establece mecanismos, uno puede dejar una fianza o
elemento en garantía para que la persona vuelva. Pese a la posibilidad,
es necesario pedirlo con anticipación. Es por cosas como esta, entre
otras, que es muy importante mantener una comunicación constante con el
defensor.
El
llamado es que se comuniquen con su defensor, y en caso de tener dudas,
pueden venir a la oficina de la Defensoría Penal Pública de Magallanes,
de hecho, incluso pueden ir a cualquier Defensoría, hoy por hoy hay
canales de comunicaciones muy expeditos, existe fono defensor, la página
Mi Defensoría, los cuales permiten mantener contacto directo con el
profesional designado”.
– El sistema hace que las parte involucradas en el proceso judicial se enfrente de cierta manera, ¿cómo está esa relación?
“Tenemos posiciones distintas pero nuestro afán siempre va ser el éxito de la justicia, la búsqueda de aquello.
Efectivamente
nuestra relación con el Ministerio Público, el Tribunal, se ha
manifestado de forma muy armoniosa, y todos con querer llevar a cabo el
proceso de forma correcta. Ello se vio en manifiesto cuando ocurrió la
pandemia, ya que tuvimos que sacar adelante una forma distinta de
tramitar. En ese sentido nosotros ya teníamos una pequeña ventaja, ya
que tramitábamos o actuábamos a través de videoconferencia, ya que
muchos imputados cometieron crímenes en Punta Arenas, pero luego se
encontraban en otros sectores del país. Entonces para evitar costos
mayores a la Defensoría y a los imputados, se diseñó la posibilidad de realizar audiencias a través de videoconferencias, lo cual ayudó a poder implementar este sistema en las actuales audiencias”.