Una serie de recientes fallos de la Corte Suprema podrían ser calificados como “guiños” a una eventual legalización de la marihuana.
En efecto, en cuatro fallos del máximo tribunal se anularon sentencias de primera y segunda instancia y se dictaminó, en forma sorprendente para muchos abogados, para las policías y para el Ministerio Público, la absolución y posterior libertad de los imputados si hubieran estado en prisión preventiva.
El rechazo a las sentencias se basó, en las cuatro causas con ese dictamen favorable a los imputados que no se había presentado el llamado “test de pureza” de la droga, un tarea que debe cumplir el Servicio de Salud.
En contra.
En ese escenario, se consultó la opinión del concejal de Punta Arenas Vicente Karelovic quien declaró que “de legalizarse la marihuana, sería una desgracia para nuestro país” y constituiría “una aberración” de quienes propongan hacerlo.
El concejal, candidato a la reelección por un nuevo período, reiteró que el consumo y tráfico de marihuana, ya sea calificado como para consumo personal, micro tráfico o, lisa y llanamente, narcotráfico, constituye el primer paso al acercamiento y, obviamente, consumo de drogas más “duras”, como la cocaína, la pasta base, el LSD, el éxtasis, sólo por mencionar algunas de las que ya han llegado a ser adquiridas y consumidas en Magallanes.
“Yo soy muy claro en este tema” –afirmó Karelovic- y agregó que “siempre le he dicho no a la legalización de la marihuana y me sorprende que el máximo tribunal de justicia de nuestro país, haya dado señales en el sentido de legalizar la marihuana”.
Coincidencias.
La posición del concejal Karelovic coincide con lo expresado por Luis Toledo, director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de la Fiscalía Nacional, quien planteó que, nosotros, como Ministerio Público, entendemos que esta interpretación de la ley ( por la Corte Suprema) es equivocada, toda vez que pensamos que la pureza de la marihuana no es una exigencia del tipo penal del tráfico de droga” y agregó que “estimamos que basta con que sea una sustancia prohibida, que provoque dependencia física o síquica y que, además, sea capaz de generar graves efectos tóxicos en la salud, esto sin considerar que se encuentra incorporada al Reglamento de la Ley 20.000”, referida a las drogas en nuestro país.
En el mismo sentido se ha planteado tanto Carabineros como la PDI, como instituciones investigadoras y en coordinación con el ente persecutor y se ha señalado que, esas decisiones del Tribunal Supremo contravienen las políticas públicas del Estado chileno que se ejecutan a través del Ministerio de Salud.
Éste, a su vez, planteó que carece de personal, medios e infraestructura necesaria para evacuar los llamados “test de pureza” de la marihuana, recursos que debiera destinar el Estado, pero mientras ello no ocurra y esos tests no lleguen a manos de los ministros de la Corte Suprema, quedará entreabierta la puerta que podría abrir la puerta a la legalización de la marihuana.