Como una forma de dilatar el problema. Así interpretan en los
sindicatos del sector pesquero de Magallanes la decisión del Gobierno de
encargar a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) la revisión de la Ley de Pesca.
“¿Cómo un país le va a dejar la responsabilidad a personas que ni
siquiera conocen nuestra realidad?” criticó José Hernández, asesor laboral de
los sindicatos y miembro de la Asamblea Ciudadana de Magallanes. “Eso es
solamente alargar la vigencia de la ley y no hacer absolutamente nada. Hoy hay
sectores que necesitan respuesta”.
Entre esos sectores, no sólo están los sindicatos relacionados con la
pesca artesanal: también están las empresas ligadas a la pesca industrial.
Hace escasas semanas, GlobalPesca, que domina el mercado de bacalao en
la región, retiró sus embarcaciones tras la primera marea, pues copó su cuota.
La empresa, que ha hecho pública su molestia con la autoridad por la
reducción de la cuota de pesca a un tercio de la original, completó en tres
meses la cuota máxima, de mil toneladas de bacalao. Con ello, no continuaron
trabajando 150 personas que la pesquera contrataba directamente.
La situación comenzó en 2014, cuando la cuota general se redujo de
3.000 toneladas a 1.000 toneladas en toda la Región de Magallanes. Para 2015,
la mantención de la cuota en 1.000 toneladas complicó aún más el escenario,
pues los costos -expresados en los permisos que pagan las empresas- no han
disminuido; es decir los operadores siguen pagando los US$ 3 millones de
antaño, pero sólo pueden pescar un tercio de lo que extraían antes.
“Está GlobalPesca, Pesca Cisne, y muchas otras empresas paralizadas
porque no hay captura”, sostuvo ayer Hernández. “Los comités científicos han
estado operando sin tomar en cuenta las necesidades de los trabajadores y sus
familias. Hay que hacer no sólo un cambio, sino una derogación de la ley, que
se aprobó tras fuerte tráfico de influencias”.
Por ello, el Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp)
comenzará hoy la recolección de firmas a nivel nacioal, para pedir la
derogación de la normativa. Esperan, a lo largo del país, reunir 300 mil
firmas, para presentar la moción a la Presidenta Michelle Bachelet, que
comprometió una revisión de la ley en su discurso del 21 de Mayo pasado.
El Condepp está compuesto por Jorge Bustos (presidente), Gino
Bavestrello (tesorero) y Hernán Machuc
(vocero).