En
un país donde el 2% del territorio concentra más del 40% de la
población y el 100% de dos de los tres poderes del Estado, las
prioridades del esfuerzo debieran llegar a la concreción de una real
autonomía regional. La lista de espera a las demandas de la comunidad,
suele afectar fuertemente a Magallanes. Es como si a propósito nos
dejaran para el último, por ser esa perdida región a punto de caer del
mapa. Esto redunda en la poca capacidad de toma de decisiones que se les
otorga a nuestras propias autoridades. Por eso, esas son algunas de las
tareas que debiera mejorar el gobernador regional. En la mayoría de los
casos nuestros delegados presidenciales, seremis y hasta los delegados
provinciales tienen que levantar el teléfono y esperar un visto bueno
desde Santiago. Eso nos retrasa demasiado. Más aún cuando se trata de
situaciones como la pandemia por Coronavirus. Hay que esperar, siempre
hay que esperar. Nuestras autoridades deben demandar mayor autonomía y
competencias para acometer la labor de atender la diversidad de
prioridades que se manifiestan a diario en una extensa región como es
Magallanes y Antártica Chilena. Esa demanda que, en ausencia de
coordinación entre autonomía y traspaso de competencias para ejercerla,
se mantiene a la espera de ser satisfecha. La descentralización
orientada al desarrollo de las regiones requiere actualmente en Chile,
un incremento del poder tanto de los gobiernos regionales como de los
actores sociales territoriales. En Chile creímos que con los
gobernadores regionales esto debiera comenzar a modificarse, porque por
ejemplo antes con los intendentes existía una insuficiencia política y
democrática en los gobiernos regionales que limitaba la puesta en marcha
de una política de desarrollo. Pero con los gobernadores regionales
está ocurriendo que hay una desconexión de muchos con el gobierno del
Presidente Gabriel Boric, ejemplos hay varios y las tres regiones en
donde más se critica esto es en la Metropolitana, La Araucanía y
Magallanes. Esta insuficiencia se podía reconocer en el problema de las
competencias limitadas y en el déficit democráticos, con una
consecuencia de peso en la incapacidad de los gobiernos regionales para
generar procesos de integración social basados en la configuración de
una identidad territorial.