Un total de 1.328 personas mayores de la Región de Magallanes carece de redes de apoyo, según datos de la Unidad de Estudios del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) basados en la encuesta Casen 2024. El escenario adquiere mayor relevancia considerando que, de acuerdo con el Censo 2024, la región registra 34.388 habitantes de 60 años y más, cifra equivalente al 20,6 % de la población total.
A la falta de compañía se suma la vulnerabilidad financiera. Según la medición Casen 2022, 1.323 adultos mayores de Magallanes viven en situación de pobreza o pobreza extrema.
Desde el Hogar de Cristo, Álvaro Rondón advirtió que existe un segmento de la población mayor que permanece prácticamente invisible para las estadísticas oficiales y requiere respuestas concretas cuando enfrenta abandono sin familiares que puedan asistirlo.
Atención en terreno y realidad económica
En Magallanes, la fundación administra un condominio donde residen 25 personas mayores junto a tres cohabitantes de la misma franja etaria, además de un programa de atención domiciliaria que acompaña a 30 usuarios: 16 viven solos, siete comparten vivienda con otra persona mayor y siete conviven con familiares.
Rondón detalló que la mayoría de los beneficiarios del programa domiciliario subsiste únicamente con la Pensión Garantizada Universal (PGU). Solo alrededor de seis personas complementan ese aporte con una pensión de AFP, pero en ningún caso sus ingresos mensuales superan los $350 mil.
A este panorama se añade un nuevo perfil de vulnerabilidad: personas de entre 60 y 64 años que perdieron su empleo, enfrentan barreras para reinsertarse en el mercado laboral y aún no cumplen el requisito etario para acceder a la PGU, quedando sin ingresos previsionales ni red de protección estatal.
Falta de catastro y derivaciones
El representante del Hogar de Cristo apuntó también a las brechas de la oferta pública frente a casos complejos. Según explicó, distintos servicios estatales suelen derivar a la institución situaciones de personas mayores en abandono al no existir una política pública específica que aborde el problema.
Actualmente no existe un registro oficial que cuantifique con exactitud cuántas personas mayores se encuentran en condición de abandono en la región, lo que dificulta detectar oportunamente a quienes envejecen aislados dentro de sus propios hogares sin acceso garantizado a alimentación o medicamentos.