Es la continuación de una batalla que ha visto victorias y derrotas en
ambos lados. Un grupo de 322 profesores mira con atención el desarrollo de una
demanda presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas en
febrero, que exige a la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) el pago
del Bono de Subvención Adicional Especial (SAE).
Dichos dineros son entregados por el Estado a los municipios y
corporaciones y, según argumentan los docentes, tienen el objetivo de
incrementar las remuneraciones de los docentes del sector público.
No es la primera demanda que la institución dependiente del municipio
enfrenta por este motivo. Grupos de docentes han presentado acciones judiciales
exigiendo el pago de dichos dineros desde 2008. Los procesos judiciales han
sido variados. La demanda correspondiente a ese año terminó en la Corte
Suprema, que dio la razón a la Cormupa. Lo mismo ocurrió con la acción judicial
relacionada con los dineros del año 2009.
Todo cambió el año pasado, cuando el máximo tribunal del país decidió
dar la razón a un grupo de más de 400 docentes del sector municipal en lo
referente a los dineros de 2010: el pago de dichos dineros, que inicialmente se
había calculado en cerca de $ 276 millones, está siendo revisado por el Juzgado
de Cobranzas Laboral y Previsional de Punta Arenas y podría acercarse a los $
800 millones.
También el año pasado, la justicia concedió el pago a un grupo de
docentes municipales de la comunidad de Laja, en la Región del Biobío. En dicha
oportunidad, el máximo tribunal de justicia del país desestimó los argumentos
de la parte demandada de que dichos pagos sólo estarían destinados a profesores
de establecimientos particulares subvencionados.
“El bono proporcional fue creado e incorporado a las disposiciones
permanentes del Estatuto Docente, conformando la remuneración que deben
percibir los profesionales de la educación (…)” manifestó la Corte Suprema en
su fallo, agregando que “el Estatuto Docente lo instituye como un derecho para
dichos profesionales, tanto del sector municipal como del particular
subvencionado”.
La demanda, además, emula lo presentado por un grupo de más de 200
docentes de Punta Arenas en noviembre pasado, también en contra de la Cormupa,
por los pagos correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014.