En
enero el gobernador regional, Jorge Flies, y el representante de la
oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados,
Juan Carlos Murillo, firmaron un convenio de cooperación internacional
que busca integrar a personas refugiadas y migrantes forzadas a dejar su
país de origen.
Para
el diputado Christian Matheson “no está claro si el gobernador regional
ha actuado dentro de la órbita de sus atribuciones y, por tanto, la
Contraloría debe pronunciarse respecto de si procede o no la firma de
este convenio”. Además sostiene que “en caso de resultar improcedente el
actuar del gobernador, debiese declararse su nulidad según lo dispuesto
por la Constitución, cuyo artículo 7 señala que ninguna persona o grupo
de personas puede atribuirse otra autoridad o derechos que la que
expresamente les hayan conferido la Constitución y las leyes”.
La
problemática es aun mayor si se considera que la conducción,
negociación y suscripción de los tratados internacionales corresponde al
Presidente de la República, en colaboración con el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Y más preocupante se vuelve la situación si se
considera que los integrantes del Consejo Regional no conocieran los
alcances de este tratado, ya que ni siquiera fueron consultados respecto
de este acuerdo, previo a su firma.
“Dando
respuesta a la inquietud planteada por muchos magallánicos y haciendo
uso de las facultades de fiscalizador que me confiere la Ley Orgánica
del Congreso y la Constitución, hoy he realizado una presentación en la
Contraloría General de la República solicitando un
pronunciamiento acerca del convenio marco firmado entre el gobernador
regional de Magallanes y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), con la finalidad de despejar toda duda acerca
de su legalidad”, concluyó Matheson.
En
síntesis, el parlamentario magallánico pide a la Contraloría que señale
si el gobernador Flies actuó dentro del ámbito de sus competencias y
que, si no fuera así, sea dejado sin efecto el convenio mencionado, y
además en el caso que se hubieran asignado recursos estos deban ser
restituidos a las arcas fiscales.