Un
traumatólogo que fue despedido del Hospital de Puerto Natales demandó
al recinto en 158 millones de pesos. Acusa que su desvinculación fue
irregular y vulneró sus derechos fundamentales.
De
nacionalidad colombiana, el doctor Alejandro Arguello Arévalo se
integró al Servicio de Salud de Magallanes en enero del 2019. Su
contrato en Puerto Natales se renovaba cada mes y debía otorgar atención
especializada a los pacientes del recinto.
Una
serie de episodios habrían enturbiado la relación con su empleador.
Según la demanda, debió suplir durante tres meses a otro traumatólogo
que se desempeñaba en el llamado de urgencias. “En la práctica
significaba estar al servicio las 24 horas del día y los siete días de
la semana”, dice el demandante.
Según
la acción judicial, el hospital reemplazó al traumatólogo faltante con
un funcionario que no podía entregar licencias, pues no estaba
registrado en la Superintendencia de Salud. “Finalmente todos los
pacientes que requerían descanso debían ser revisados por mi
representado, generándose problemas administrativos”, señala la demanda
patrocinada por la abogada Katiuska Muñoz.
Tras
dos años de trabajo ininterrumpido, el doctor Arguello solicitó hacer
uso de su feriado legal. Sin embargo, la dirección rechazó la petición
porque ya se había entregado el permiso al otro traumatólogo.
“Se
le informa que para hacer uso de dicha posibilidad debía buscar un
reemplazante, pese a que jamás se le exigió al otro profesional para
hacer uso de su feriado”, indica la demanda.
Bajo
sobrecarga emocional y angustia, su psiquiatra le facilitó una licencia
médica en enero del 2021. Intentó regresar al hospital natalino en casi
10 meses después, pero le comunicaron que su contrato no había sido
renovado.
El
traumatólogo decidió interponer acciones legales por lo que sería un
despido vulneratorio. Según su demanda, el empleador no fundamentó ni
notificó formalmente la no renovación de su contrato. Tampoco se hizo
una evaluación de su desempeño ni se indica la existencia de sumarios
administrativos.
“Se
decide no renovar la contrata de mi representado y poner término a su
empleo en forma absolutamente irregular, sin respetar los requisitos y
criterios exigidos por ley y vulnerando los derechos fundamentales”,
señala la acción de la abogada Muñoz.
El
traumatólogo solicita una indemnización de 80 millones por conceptos de
daño moral. También pide el pago de hasta 11 remuneraciones –casi 67
millones– de acuerdo a los establecido por el Código del Trabajo.
Además, reclama el pago de casi 11 millones por los feriados legales
acumulados.
Otras
condenas solicitadas al tribunal consisten en la obligación por parte
del hospital de realizar un curso sobre el respeto de las garantías de
los funcionarios y que se pegue la sentencia en las dependencias del
recinto.
El Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales ya acogió a trámite la demanda y el jueves pasado fue notificado el hospital.