Una dura advertencia formuló esta semana la empresa Mina Invierno, luego que la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional resolviera la semana pasada, rechazar el uso de tronaduras en la explotación de carbón que esta empresa lleva a cabo en Isla Riesco.
“De no ser factible revertir esta lamentable decisión en el corto plazo, se compromete la continuidad de la empresa con la consecuente pérdida de 1.021 puestos de trabajo”. Estos se desglosan, de acuerdo con lo informado por la empresa, en 515 de personal de planta y 506 contratistas directos.
Agregó la compañía que la renta promedio mensual bruta de al menos la mitad de esta dotación asciende a la suma de 1 millón 170 mil pesos, sin contar los beneficios, cifra muy superior a los $ 760 mil que constituyen la renta promedio imponible a nivel regional, según cifras de la Superintendencia de Pensiones.
Agregó que a esto se suma la postergación indefinida de la contratación de 103 personas de manera directa, mayoritariamente operadores, mantenedores y personal de apoyo que iban a ser contratados el primer semestre de 2018.
Sindicatos y pymes
Los sindicatos de Mina Invierno y las pymes magallánicas se mostraron disconformes frente a lo que califican como “una mala y perversa decisión política”.
En este sentido, manifestaron su preocupación frente al anuncio de la no contratación de más de 100 nuevos puestos de trabajos, que estaban programados para el primer semestre de este año, sumado a la no renovación de contratos a plazo fijo que hoy prestan servicio a la minera, lo que afecta a un gran número de trabajadores y con ello a sus familias.
Agregan que el cierre provocaría un impacto económico de gran magnitud para nuestra región, de más de 1.000 millones de pesos mensuales en sueldos, que dejaría de percibir Magallanes mensualmente, añadido a la alta tasa de cesantía.
“Desde sus inicios, Mina Invierno ha generado puestos de trabajo para desarrollar sus actividades, además de la cadena virtuosa de micro, pequeñas y medianas empresas que se ven beneficiadas con esta actividad, esto desde el más grande empresario hasta el negocio de barrio, así como muchos emprendedores que comenzaron a gestarse y hoy son pymes ya consolidadas”, precisaron.
Cabe recodar que el intendente de Magallanes, Jorge Flies, justificó su voto decisivo en la necesidad de contar con un estudio de impacto ambiental y no sólo una declaración, dada la complejidad ambiental del proyecto.