Ante
la justicia recurrió la mujer de iniciales M.M.T.S., quien habría sido
víctima de un cuasidelito de negligencia médica cuando se atendió en el
Hospital Augusto Essmann de Puerto Natales.
La
mujer ingresó al recinto el 14 de marzo del año pasado. Fue
diagnosticada con una apendicitis aguda y, dos horas después, entró al
pabellón para someterse a una cirugía.
Cuando despertó
en la noche, se encontró con la sorpresa de que tenía una sonda
urinaria adosada a su cuerpo. Según la querella, el médico que la trató
le dijo que se había extirpado el apéndice, “pero que erróneamente y en
forma accidental se había pasado a llevar la vejiga y la habían
cortado”.
Dos
días después de su ingreso, la paciente abandonó el hospital con
profundos dolores. A fines de marzo, el mismo doctor le explicó el
motivo: su vejiga fue dividida en dos partes y, para dejarla operativa,
tuvieron que suturarla.
El
órgano de la víctima quedó más pequeño que antes. Por su poca
capacidad, tenía que recurrir con frecuencia a orinar –“hasta 7 veces
por noche”, dice la querella– y el acto le provocaba dolor.
“Esto
ha trastornado mi vida, por lo que hoy día no puedo estar más allá de
dos horas sin ir al baño, así que tampoco puedo dormir bien, por lo que
he estado con tratamiento psicológico”, señala la denuncia.
De profesión cocinera de una pesquera, la mujer señala que también ha tenido problemas labores, pues el presunto error en la cirugía la obliga a ausentarse constantemente en horario de trabajo.
Por estos hechos, M.M.T.S. decidió interponer una querella ante
el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales en contra de todos
quienes resulten responsables del supuesto delito. “Como no he
encontrado solución por parte del hospital, me veo en la obligación de
irme por la parte legal”, dice.
“Queremos
que se investiguen estos hechos que, en concepto de esta parte, son
constitutivos de un cuasidelito de negligencia médica”, dijo el abogado
patrocinante, Juan José Arcos.
Los antecedentes fueron remitidos a la fiscalía local. La
querella hace un llamado a formalizar la investigación, para que en
última instancia puedan ser condenados los presuntos culpables a 3 años
de cárcel.
Además,
los patrocinantes piden que se ordene al Servicio Médico Legal y a la
Policía de Investigaciones (PDI) a que pericie las supuestas
infracciones.