Dentro del primer semestre de este año, quienes vayan a renovar sus neumáticos deberán hacer entrega de los que pretende cambiar.
Otro tanto ocurrirá con un horno micro ondas, baterías o aceites lubricantes, es decir, los vendedores deberán asumir la tarea de recibir y acopiar a los que, en defensa del medio ambiente, son llamados “enemigos públicos de la naturaleza”.
De acuerdo con lo informado por Francisco Pizarro, por estos días, seremi del Medio Ambiente de Magallanes, en ausencia del titular Juan Marcos Henríquez, de vacaciones, y de Paulina Otero, haciendo uso de permiso administrativo, el listado de esos “enemigos públicos” del medio ambiente son los neumáticos, las baterías, las pilas, los aceites lubricantes, los artefactos eléctricos y los electrónicos y los envases y embalajes.
“La ley fue promulgada hace un año y el respectivo reglamento disponía de un plazo de un año para ser analizado y revisado por la comunidad y eso se ha cumplido, así que podría estar en condiciones de ser aplicado en el curso del primer semestre de este año y permitir, por ejemplo que la Superintendencia del Medio Ambiente realice las fiscalizaciones que corresponda”, informó Pizarro, de profesión biólogo marino, el primero que graduó la Universidad de Magallanes en el año 2008.
El Parlamento no incluyó en el listado de “enemigos públicos” del medio ambiente a los colchones usados, casi omnipresentes en cuanto basural clandestino se detecta en Punta Arenas.
El seremi subrogante del Medio Ambiente indicó que cuando ese reglamento empiece a aplicarse, los municipios deberán asumir tareas de recogida y acopio de neumáticos abandonados en diversos sectores de sus territorios comunales y ojalá “ya pudieran haber empezado a hacerlo” y, además, prepararse para determinar qué materiales se enviarán al vertedero.
En Punta Arenas, aún está pendiente la resolución de un envío de neumáticos que fue motivo de polémica y de investigación por parte de la Contraloría, cuyo pronunciamiento definitivo aún permanece en la palestra legal, con varios millones de pesos de por medio, pagados, en su momento, por la municipalidad a un recolector