Entre
el viernes 31 de julio y el jueves 6 de agosto, el Juzgado de Familia
ha tramitado más de 1.900 órdenes de retención de la devolución de AFP y
solicitudes de liquidación con orden de retención por concepto de deuda
en la pensión alimenticia. Este número corresponde a aproximadamente el
90 por ciento de todas las causas del juzgado y casi alcanza a todo lo
que se tramitó en el mes de junio, que fueron poco más de 3.300 causas.
Al
respecto, la magistrada Katherine González, presidenta del comité de
jueces del Juzgado de Familia de Punta Arenas, indicó que se están
haciendo todos los esfuerzos y reestructuraciones para responder a esta
demanda de la ciudadanía. Para ello, y en cumplimiento a una reciente
disposición de la Corte Suprema, el Juzgado amplió horario de firma
hasta las 22.00 horas, reasignó labores y ha recibido apoyo de
funcionarios de otros tribunales, tras una gestión del ministro
presidente de la Corte de Apelaciones Víctor Stenger solicitando
cooperación en esta contingencia.
“Esto
es mucho más de lo que nosotros normalmente tramitamos mensualmente en
temas de solicitudes y que es una carga bastante importante. Hay que
recalcar que esto lo único que viene a ratificar es lo que ya se sabe a
nivel país, que es que el 80 por ciento de los deudores de pensión de
alimentos no pagan”, aseveró la jueza.
Ningún deudor ha solicitado su 10%
A
su vez, dio a conocer que ya ha estado recibiendo respuestas desde las
AFP con respecto a las cautelares que se han aplicado en las retenciones
efectuadas, indicando que algunos se han estado pagando sus pensiones
alimenticias, pero no se ha constatado que éstos se estén poniendo al día quienes están atrasados.
“Los
hombres han llamado mucho preguntando si realmente eso es así, y
tratando en el fondo de sustraerse a la obligación de alimentos, como
siempre”, explicó.
Consultada por si ya se han retirado montos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones y si éstos ya han llegado a
los alimentarios –en su gran mayoría a las madres-, la magistrada
precisó que esta orden solo se hace efectiva si el deudor intenta sacar
el monto del 10 por ciento.
“Lo
que nos han llegado han sido sólo respuestas en relación a que la
medida cautelar ya fue efectuada y que están los dineros retenidos. Pero
todavía no nos ha llegado respuesta de retiros efectivos de dinero. En
este minuto no ha llegado ningún deudor solicitando su 10 por ciento”, complementó.
Cabe
recordar que el tribunal sólo está atendiendo en forma presencial
denunciantes de casos de violencia intrafamiliar y de género, además de
requerimientos de aplicación judicial de medidas de protección de
derechos de niños, niñas y adolescentes. Quienes soliciten atención
sobre pensiones alimenticias pueden comunicarse al 61 22 22 223 (anexo
122) o bien iniciar trámite virtual en
https://ojv.pjud.cl/kpitec-ojv-web/tramite_facil
Retiro forzoso del 10%
Por otra parte, esta semana un grupo de parlamentarios presentaron
un proyecto que permitiría el retiro forzoso del 10 por ciento de los
fondos previsionales a los deudores, con el fin de establecer un acción
oblicua o subrogatoria que permita a los alimentarios o a sus
representantes legales subrogarse en el derecho del alimentante deudor
para retirar hasta el 10% de sus fondos acumulados en su cuenta de
capitalización individual de cotizaciones obligatorias, cuando éste
voluntariamente no quiera hacerlo.
Se
trata de una acción complementaria al proyecto de ley que se votó en
sala el pasado martes y que busca la retención judicial de los fondos
previsionales en razón de deudas por obligatoriedad alimentaria, lo que
fue calificado por el ministro de Justicia como algo inconstitucional.
Pese
a aquello, la jueza González opinó que “efectivamente tiene un oficio
de inconstitucionalidad, pero por otro lado aquí hay derechos que
históricamente han sido desconocidos en torno a los niños, respecto a
las obligaciones de los progenitores que es que paguen una pensión de
alimentos, y no ha habido ninguna respuesta. Hay muchos casos que el
hombre prefiere no pagar e irse a la cárcel, cumpliendo con las medidas
de apremio, pero no pagan nunca. En algún minuto debiese ser prudente
desde los legisladores sentarse a pensar si realmente le vamos a dar de
una vez por todas la importancia a la Convención sobre Derechos del Niño
y vamos a cumplirla, porque se señala que el niño tiene un derecho a un
buen nivel de vida conforme al nivel de vida de sus progenitores. Al
final del día nos encontramos con que la infancia no es problema de nadie”.