A raíz de las demandas presentadas por diez ex funcionarios contra la municipalidad, cuyo representante legal es el alcalde Claudio Radonich, se han generado diversas reacciones por un supuesto despido injustificado. Para aclarar la situación, Diario El Pingüino le consultó al alcalde y a algunos concejales su versión acerca de la acción judicial llevada a cabo por los ex trabajadores del municipio, entre los que destaca el asesor del ex alcalde Emilio Boccazzi, Domingo Rubilar.
El alcalde Radonich explicó que “las demandas no se comentan, están en la sede judicial. Yo soy muy respetuoso, soy abogado y por supuesto que la municipalidad se va a defender como corresponde de un procedimiento que a nuestro juicio está totalmente conforme a derecho”.
Agregó que “hay que recordar varias cosas. Primero, no fueron despedidos, sino que son contratos que llegaron a su término, por tanto quedaron con plazo. Así que el municipio no despidió a nadie. Fueron contratos que no fueron renovados y estamos convencidos de que actuamos conforme a derecho. La municipalidad tiene la obligación de tener la mejor defensa jurídica, porque es una obligación proteger el patrimonio municipal”.
Añadió que “el tema está claro de momento, dado que todos los contratos terminaban en una fecha determinada, que era el 31 de diciembre y sobre eso, finalmente, se optó por no renovar”.
Por su parte, el concejal Vicente Karelovic sostuvo que “el plazo de la contratación de esa gente expiraba el 31 de diciembre y en eso se basó el alcalde para no renovar los contratos y sencillamente quedaron fuera de contratación, o sea no los echó, sencillamente no se les renovó y cumplieron el plazo que estaba pactado. Por lo tanto, ellos el 31 de diciembre tenían que irse”.
Además, afirmó que “yo no sé en qué se basaron para hacer eso. El abogado de ellos a lo mejor tendrá alguna martingala (artimaña) para hacerlo, pero yo creo que el alcalde está en todo su derecho y está asesorado también por un equipo de abogados. De tal forma que no creo que Claudio Radonich se haya equivocado en ese tema. Yo creo que está muy claro, la gente terminó su contrato y se tenían que ir para la casa nomás”.
Respecto del ex funcionario Domingo Rubilar, dijo que “ese señor era un operador político. Nunca trabajó para la municipalidad. Sencillamente se dedicó a apoyar la candidatura de Boccazzi y todo lo que fuera la parte política del municipio. De tal forma, yo creo que él es el menos indicado para poder entablar una demanda contra el municipio”.
A su vez, el concejal José Aguilante manifestó que “en lo personal me parece que ellos están en su legítimo derecho de entablar cualquier tipo de acción judicial en contra del municipio, pero en rigor creo que lo que ellos están haciendo no corresponde. Estas personas aluden a un despido injustificado y lo que ocurrió es que acá no se les hizo un nuevo contrato, no se les renovó y eso no sería una situación que jurídicamente diera para este tipo de demanda”.
Agregó que “está dentro de las facultades del alcalde y está en todo su derecho a no darle continuidad a un contrato. Incluso entiendo que el alcalde les hizo llegar una carta a cada una de estas personas para que pudieran constatar esta situación y en el fondo yo creo que no ha incurrido en ningún tipo de situación de ilegalidad”.
Asimismo, señaló que “en el caso del señor Rubilar, era un cargo de confianza política. La cual perfectamente pudiera cesar al momento que asume otra autoridad. Por eso, a mi juicio, no constituye la figura de un contrato permanente, un contrato estable e indispensable en la organización jerárquica del municipio como se menciona en la demanda. Aunque acá prevalecerá la decisión que tome el Tribunal del Trabajo”.
Añadió que “hay cosas en la demanda que me llaman mucho la atención. Primero, entiendo que él aparece con cargo de asesor del alcalde, y ese cargo, al parecer no existe. En definitiva, la figura de la contratación que él tenía era como experto en materia de políticas públicas. Lo otro, las funciones por las cuales contratan los municipios a las personas y la calidad contractual, son las funciones que, en definitiva, aprueba el Concejo y no es cualquier función, acá nadie puede inventar una función”.
También, sostuvo que “lo extraño en la demanda de Rubilar es que en la cláusula 5, él pide ciertas remuneraciones que no se les habrían sido canceladas, correspondiente a los servicios prestados desde febrero del año 2016 a diciembre de ese mismo año, donde pide $ 11 millones que se le adeudarían. Pero eso es súper extraño, porque él está cobrando plata correspondiente a una gran cantidad de meses del año pasado y en esa oportunidad su empleador era Emilio Boccazzi. O sea, acá eso se puede interpretar, o que su empleador no le pagó o que habría demandado mal y pone en cuestionamiento a su antiguo empleador”.
Aguilante enfatizó que “esto es bastante cuestionable, en el caso del señor Rubilar, sobre todo. Todos sabemos que él actuaba como operador político y que, efectivamente, yo no sé si su contrato establecía horas de cumplimiento con metas cumplidas. En reiteradas oportunidades, yo también pedí que pudiésemos tener un informe de los productos finales de los trabajos realizados, un resumen de los informes que ellos tienen que realizar al trabajar a honorarios y ese informe nunca llegó”.
Por último, la concejala María Teresa Castañón comentó que “hay que dejar claro que todo ciudadano tiene el derecho de acudir a la justicia cuando lo estime conveniente. Pero las personas que tienen contrato a honorarios, cuando se les termina, no es una desvinculación, no es que los hayan echado, ni nada por el estilo. Simplemente se le puso fin al término de contrato, y eso es todo”.
Agregó que “los honorarios no tienen responsabilidad administrativa y uno puede terminar ese contrato cuando lo estime conveniente. Así que yo creo que aquí no hay un tema de que hayan sido desvinculados, simplemente un término de contrato. Creo que tiene que primar lo que diga la justicia frente a esta demanda”.
Además, dijo que “es bastante extraño que Domingo Rubilar esté pidiendo $ 11 millones, como que no se le hubiese pagado un sueldo de febrero a diciembre. Por lo tanto, yo creo que eso tiene que entrar a investigarse, porque yo no creo que él haya estado todos esos meses sin sueldo. Así que ahí, a través del municipio, se tiene que ver qué pasó con eso”.