Tras
la denuncias por maltrato laboral que hoy afectan al administrador
regional, Christian García, diferentes autoridades se han referido a los
hechos, si bien cuestionan que se de este tipo de hechos, señalan no
tener facultades para intervenir.
En
la edición de ayer de Diario El Pingüino, se da a conocer la opinión de
la seremi del Trabajo, Doris Sandoval, quien indicó que como autoridad
no tiene las facultades para intervenir en favor de los funcionarios de
las reparticiones públicas.
En
esta ocasión, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra
Ruiz, recalcó que ellos entregan orientación a las mujeres afectadas por
situaciones de acoso o maltrato, pero que no tienen atribuciones ni
para recibir denuncias, tampoco investigar y tampoco tomar otro tipo de
medidas.
– Como seremi de la Mujer, ¿qué acciones pueden tomar frente a esta situación?
“En
esta situación, como en otras actuamos según nuestras atribuciones.
Podemos y debemos dar orientación y escuchar a las funcionarias que nos
piden ayuda frente a situaciones de violencia o acoso en el trabajo,
como Seremi no tenemos atribuciones para recibir denuncias, investigar y
adoptar medidas que afecten a funcionarios o funcionarias de otras
reparticiones públicas. Cada servicio debe contar con sus protocolos y
aplicarlos a su personal”.
– ¿Qué opinión le merece que se esté dando este tipo de situación en una repartición pública?
“Las
prácticas de acoso laboral, acoso sexual y también el maltrato, se dan
en el sector público, como en toda la sociedad y probablemente es más
compleja su relación en estos espacios cuando hay relaciones jerárquicas
y hay menos herramientas para abordar soluciones e intervenir las
organizaciones con la finalidad de prevenir la violencia y el acoso. Es
por ello que como gobierno estamos propiciando que con la ratificación
del Convenio 190 debiera llevarnos a revisar la respuesta que hoy damos a
estos casos, no solo en el sector público sino también en el privado”.
Hasta
el cierre de esta edición no se tiene conocimiento aún de que exista un
fiscal designado para que se lleve adelante el sumario en contra del
administrador regional, quien continúa ejerciendo sus funciones.