En
primera instancia se había resuelto el pago de $100 millones a la
víctima por el daño moral sufrido. Sin embargo, la cifra fue rebajada
tras un recurso de nulidad interpuesto por el Consejo de Defensa del
Estado.
Consultada
sobre la decisión del organismo público de apelar a los tribunales
superiores en estos casos, la seremi de Justicia y DD.HH., Michelle
Peutat, recordó que el CDE “si bien se encuentra supervigilado por el
Presidente en su funcionamiento, sus decisiones no responden a
orientaciones del Ejecutivo”. Además, la seremi enfatizó que “nuestra
posición como Gobierno es clara en esta materia y guarda relación con el
resguardo de las garantías de respeto, reparación y no repetición en
causas de DD.HH”.